10 mmdp para hacer cumplir normas

Le parece familiar escuchar que hay normas en México que no se cumplen.

La realidad es superior a lo que se puede pensar; se calcula que de las cinco mil normas que rigen en territorio nacional más de 50% no son acatadas.

La razón es sencilla. Principalmente, no existen las estructuras necesarias para poder evaluarlas y hacerlas valer.

Se habla que se requiere de una inversión superior a diez mil millones de pesos para que se den las condiciones y haya los organismos reguladores.

Inversión que principalmente tendría que venir de la iniciativa privada, aunque el gobierno federal tiene la facultad de hacer que se pongan en marcha y se acaten.

El gran “pero” es que no se ha puesto mucha atención en el tema, pese a que contar con normas es importante porque permite que los consumidores puedan saber qué están comprando y consumiendo, así se evita que haya riesgos innecesarios.

Además de que México cuenta con tratados comerciales y compromisos internacionales, la certeza jurídica es un elemento por demás imprescindible.

Y para quien pensara que son muchas normas, la realidad es que si hablamos de países como el vecino estadunidense, éste cuenta con 60 mil normas, así que el camino por recorrer es todavía grande, mas cuando los estándares normativos internacionales andan en dicho orden.

Aunque, principalmente lo que debe buscarse es que estas normas se cumplan, lo que se necesita es una reforma en materia de regulación.

Y es que en la actualidad, sólo se cuenta con lo necesario para evaluarlas 35%, así que el rezago es importante.

A decir de los especialistas del sector, se ve con buenos ojos la llegada de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno del Distrito Federal, en pro de ordenar y darle impulso a este tema.

Aunque lo cierto es que en el caso de las normas oficiales mexicanas, que son emitidas por diez dependencias del Estado, y que son una obligación de las autoridades emitirlas y supervisarlas, podría darse el proceso de una forma más sencilla.

Y por otro lado, los organismos que emiten los estándares internacionales, que son conocidos como normas mexicanas, también requerirán de una estructura de incentivo y apoyo para que sea la iniciativa privada la que entre a atender esa necesidad.

Y la verdad, ello no es nada complejo, pues se sabe que hay gente interesada en hacer dicha inversión; sin embargo, no se cuenta con la certidumbre jurídica que dé seguridad para invertir.

El escenario cambia y la certidumbre jurídica en un momento ya no es la misma y pone a dudar a los inversionistas.