Obligatoria, la transparencia en México

La tarea todavía es amplia y está a expensas del nuevo gobierno federal; no hay que olvidar que en México, lo que no tiene multa, es opcional.

México se encuentra, por ley, obligado a sumar esfuerzos en sus esquemas de transparencia administrativa, a todo nivel, gubernamental, estatal y federal. ¿Podrá cumplirlo a partir de enero de 2013?

No hay que olvidar que en 2008 se estableció la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que aplica en todos los niveles y dependencias de gobierno, su objetivo es transparentar los presupuestos y gastos de las entidades.

Ello con el fin de alinearse a estándares internacionales y que México sea más atractivo para los inversionistas e incluso para organismos como el BID y el FMI, que han volteado hacia el país en apoyo a éste o incluso como una fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo.

A seis meses de que esta ley se haga efectiva, todavía hay interrogantes y dependencias e instancias municipales, estatales y gubernamentales que se encuentran analizando la posibilidad de entrar, tal es el caso de la SCT, al mando de Dionisio Pérez-Jácome, y estados del interior de la República Mexicana.

Mientras que la Secretaría de Energía, al mando de Jordy Herrera Flores, y CFE, que dirige Jaime González Aguadé, se encuentran a medias, por cierto, los retrasos de esta última dependencia se deben principalmente a la rotación de dirección general, que parece mantener entrampadas las obligaciones de la Comisión.

Lo cierto es que sí hay dependencias que avanzan con seriedad, como es el caso de la Secretaría de Hacienda, que encabeza José Antonio Meade; Sagarpa, que comanda Francisco Javier Mayorga, y la Defensa Nacional, que dirige Guillermo Galván Galván

El “pero” es que la tarea todavía es amplia y las sanciones quedan a expensas del nuevo gobierno federal, de ahí que su obligatoriedad no es segura, no hay que olvidar que en México, lo que no tiene multa, es opcional.

Si a ello le agregamos que las excusas de autoridades gubernamentales y municipales recaen en que debió ser la Secretaría de Hacienda la que asumiera el costo de poner en orden los estatutos administrativos, la complejidad para que todo quede listo en 2013 peligra, pese a que se tuvo más que tiempo.

Ojalá que los beneficios de esta ley sean más poderosos que no transparentar la administración ¿Será mucho pedir?

Casinos con polvo

Aunque en este sexenio se quiso desempolvar el tema de los casinos, todo quedó en buenas intenciones, al grado que los cargos de titular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos y de jefe del Departamento de Inspección de Juegos están vacantes. ¿No fue importante para la Secretaría de Turismo, al mando de Gloria Guevara, y para el titular de la Segob, Alejandro Poiré? Es una industria que representa mil 400 millones de pesos entre impuestos y aprovechamientos gubernamentales aportados por 1.2 millones de usuarios, misión en la que el SAT, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ha puesto gran empeño en el cobro adecuado de sus derechos.

Habrá que esperar un nuevo gobierno y funcionarios que pongan atención y empeño para impulsar que este sector opere con transparencia y responsabilidad social hacia los consumidores.

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