La democracia onerosa del DF

En diciembre de 1997 los capitalinos dimos paso a la transformación de la vida democrática del DF mediante la reforma política al Estatuto de Gobierno, mismo que a su vez dio vida a la creación de las autoridades electorales de la capital del país. A casi 15 años de esa apuesta política para que los capitalinos estuviéramos en igualdad de condiciones para elegir a nuestros gobernantes, la pregunta es si ese arreglo orgánico es lo que más nos conviene. Desde sus inicios, la creación del Instituto Electoral del DF (IEDF) tuvo una amplia expectativa, debido a que fue concebido como el órgano electoral modelo a nivel nacional por lo innovador de sus figuras jurídicas y su diseño institucional.

Sin embargo, la creación del IEDF tuvo un inicio accidentado debido a que el legislador local se tardó más de un año en la designación de sus primeros integrantes del Consejo General, así como porque el gobierno capitalino condicionó la entrega de recursos para su puesta en marcha, aun cuando pronto debían organizarse los primeros comicios para elegir al jefe de Gobierno y a los delegados capitalinos.

Esos factores de desestabilización no parecen haber sido casuales, pues desde sus inicios se vio cómo buena parte de sus integrantes eran parientes y amigos ligados a la clase política del PRD que hasta hoy ha gobernado la capital del país, pero también hay que destacar que entre sus primeros integrantes estuvieron personas independientes y de amplia experiencia electoral. Esto no es distinto al paralelismo que existe con gran parte de los institutos electorales del país; muchos han demostrado escasa utilidad y poca independencia frente a los ejecutivos locales, y muchas veces sus consejos han servido para repartir favores y colocar a gente cercana al gobernador en turno.

Esas expectativas que se generaron respecto del IEDF se han convertido en decepciones. Un ejemplo son las figuras de participación ciudadana, que no han mejorado la defensa de los intereses ciudadanos en la capital, y sí, por el contrario, han alimentado una red clientelar ligada a los intereses del PRD, así como constituyen prácticas para legitimar políticas públicas a favor del gobierno en turno.

En enero de 2006 se dio la primera renovación de la integración del Consejo General del IEDF. Desde entonces su actuación no ha destacado mayor cosa, pues su desempeño y posicionamiento público ha seguido en declive. Son ejemplo dos de los principales proyectos anunciados para el proceso electoral en curso: 1) El programa de registro para que los mexicanos residentes en el extranjero voten, que logró la inscripción de escasos 11 mil connacionales, lo que representa el 0.15 por ciento del padrón de la capital; 2) La puesta en marcha de la urna electrónica, que fracasó por problemas técnicos que no garantizaban certeza en los resultados de los próximos comicios.

Este año el IEDF le costará al erario de la ciudad alrededor de mil 670 millones de pesos, es decir, casi 13 millones de dólares. La justificación a este gasto es que, de cara a la elección del 1 de julio se deberán instalar cerca de 13 mil casillas, imprimir 21 millones de boletas y capacitar 90 mil personas.

La gran mayoría de esos gastos podrían reducirse considerablemente si el IFE asumiera la organización de los comicios.

Más allá de los impedimentos legales, que pueden ser modificados, esta propuesta acabaría con lo que parece una duplicidad de funciones de la autoridad electoral federal y la local, pues quien ha ido a votar desde 2000 habrá constatado que de forma absurda se abren dos casillas en el mismo lugar con idénticos procedimientos.

El que el IEDF cuente con una dirección ejecutiva de asociaciones políticas cuando en el DF no hay un partido político con registro local y también la autoridad federal cuenta con un área que hace las mismas funciones; otro caso es cuando dicho órgano tiene la atribución de la “colaboración registral” cuando es el IFE, a través del Registro Federal de Electores, el órgano responsable del Padrón Electoral y de los listados de electores a nivel nacional. La autoridad electoral federal cuenta con infraestructura suficiente que permite hacerse cargo de la totalidad de etapas de la elección constitucional en el DF.

Cabe preguntarnos por qué no hemos arribado a un esquema nacional de elecciones que reduzca los costos de nuestra democracia, lo cual se reflejaría en una disminución de burocracia electoral. Se trata de sugerirle a partidos y legisladores que reflexionen en un nuevo esquema de federalismo electoral que permita aglutinar la organización de elecciones locales y federales en un solo organismo nacional.

El IFE es un organismo constitucional autónomo al que la ciudadanía ubica como una institución imparcial y confiable. En ese sentido existe una amplia experiencia de sus miembros para poder hacerse cargo de la organización a nivel nacional, pues se trata de un cuerpo de funcionarios de carrera especializados en la materia y con capacidad para cubrir la totalidad del territorio nacional.

Por ello, lo que se requeriría es trabajar bajo una lógica de deconstrucción electoral y legal que dé capacidades nacionales al IFE para que haga suyos a los mejores cuadros que existen a nivel local, lo cual sería dar un primer paso hacia la formación de un “poder electoral”.

Con una acción de este calibre la clase política mexicana estaría demostrando que, más allá de seguir preservando sus intereses individuales, existe una preocupación real por tutelar los intereses ciudadanos. En particular, por atender el reclamo de muchos por la desproporción que existe entre tener una de las democracias más caras del mundo frente al nivel de insatisfacción política. Así, muy probablemente se acabaría con ese falso dilema que nos hicieron creer hace dos décadas que dice: “la democracia cuesta, pero cuesta más no tenerla”.