Dimensiones relevantes relacionados con el marco legal

Cuando uno escucha a los diferentes actores políticos se puede quedar con la idea de que el tema fundamental es la definición del marco legal, por ello la insistencia en las reformas estructurales. Sin embargo, ésta es una visión parcial del problema que se enfoca en un aspecto, el cual hay que complementar con la instrumentación y la aplicación de la ley.

De esta manera, si se hacen reformas y se tiene una legislación nueva y más moderna, si no se instrumenta por parte del Gobierno, es como si no se hubiera hecho nada.

En muchos casos el riesgo en la instrumentación no es menor y en ella se puede poner en peligro a la propia reforma. A continuación cito ejemplos de diversos tipos. Como un éxito de instrumentación podría mencionar el caso de la reciente reforma de Pensiones de los Trabajadores del Sector Público.

Como un caso en que se han diluido los avances logrados por un problema de instrumentación yo podría mencionar el caso de la designación de los consejeros del IFE.

Como casos de no instrumentación le dejo al lector la tarea de investigarlo.

Pasando al otro caso, si se hace una reforma legal y no se aplica la ley por parte de la autoridad o en caso de una controversia el poder judicial no imparte justicia pronta y expedita se tiene un problema grave.

En este caso a mí me surge la pregunta ¿Cuál de los siguientes dos escenarios es mejor?

El primero, un marco regulatorio moderno pero con una aplicación poco efectiva de la Ley. El segundo, un marco regulatorio suficiente pero con una aplicación total de la Ley. Yo me inclino por la segunda opción.

Un ejemplo muy sencillo sería suponiendo un caso del Mercado de Valores y le pido conteste en qué mercado invertiría. El primero, con la legislación más moderna de protección a los inversionistas pero que no se sanciona el incumplimiento. El segundo, con pocos derechos a los inversionistas pero claros y que se respetan. Yo invertiría en el segundo mercado.

Hay trabajos en México para tratar de entender cómo se aplica la Ley. El más importante es el trabajo del Consejo Coordinador Financiero, que ha tratado de evaluar cómo se da en las diferentes entidades federativas la ejecutabilidad de los contratos mercantiles. Esta semana se dio a conocer la sexta versión del estudio y se muestran diferencias importantes entre los Estados.

Se revisan cuatro categorías que son calidad institucional, duración de los procedimientos, suficiencia de recursos humanos y eficiencia en la ejecución de sentencias.

Los Estados con menor duración en los procedimientos son Campeche, Tamaulipas y el Estado de México y los peores son Zacatecas, Tlaxcala y Quintana Roo. Para el caso de ejecutabilidad de las sentencias los mejores son Colima, Nayarit y Baja California Sur y los peores son Veracruz, Yucatán y Chiapas.

Para evaluar la percepción que se tiene de México en esta materia conseguí la información del Rule of Law Index de una institución que se llama el World Justice Project. En su documento, México ocupa el lugar 57 de 66 en cuanto al acceso a la justicia de tipo civil; en derechos fundamentales, el lugar 45 de 66, y el lugar 63 de 66 en cuanto a efectividad de la justicia penal. Al compararnos con otros países es claro que hay mucho por hacer en materia de aplicación de la Ley.

El área donde se debe mejorar está más del lado de una mejor instrumentación y aplicación de la Ley que de los cambios al marco legal.

Director general del FUNDEF y profesor del ITAM  guillermo.zamarripa@itam.mx