La UNAM propone

No confundamos los síntomas con la verdadera enfermedad… la sociedad padece una extraordinaria inseguridad y pánico a flor de piel.

La violencia y la inseguridad están llegando a los espacios en donde la sociedad trataba de olvidar la realidad, así como liberar por algunos momentos la pasión y la alegría que provocan las competencias deportivas.

El sábado 20 de agosto, durante el partido Santos-Morelia, en las inmediaciones del estadio del primero, hubo un enfrentamiento con armas de fuego de alto poder entre cuerpos de seguridad y personas que aún no han sido identificadas, pero cuyos disparos llegaron hasta el estadio y generaron un gran pánico entre los asistentes al partido.

Aun cuando en las primeras horas de la conmoción se insistió en que los disparos  habían tenido origen afuera del estadio, con miras a minimizar el asunto y el pánico entre el público presente en el estadio Corona, de Torreón, se evidencia la gravedad de las consecuencias de una situación que supera a lo ocurrido el sábado.

Existe una sensación entre la población en general de que cualquiera de nosotros se encuentra gravemente expuesto a ser víctima de la violencia que cotidianamente estamos observando y sufriendo. Dicha sensación de inseguridad y posible victimización se encuentra a flor de piel a grado tal que cualquier acontecimiento genera entre la sociedad una reacción de incertidumbre y estrés que afecta los pilares esenciales de la convivencia armónica y pacífica.

Hace unos meses, en el diálogo en el Castillo de Chapultepec con víctimas integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se ofreció revisar la estrategia política en seguridad, siempre y cuando se presentara una alternativa seria y profesional; pues bien, la UNAM, ésa, nuestra alma máter de la cual ya hemos destacado orgullosamente, aquí, algunos de sus principales logros, hace unos días presentó un documento titulado Elementos para la construcción de una política de estado para la seguridad y la justicia en democracia.

Las propuestas fueron formuladas por universitarios distinguidos y con una profunda experiencia en la materia, elaboradas a partir del diálogo que hubo en la Conferencia Internacional convocada por la  UNAM en la que participaron, destacadamente, 88 especialistas en 18 mesas. Se trata de un esfuerzo que se realiza bajo la convicción de principios éticos de responsabilidad social de nuestra máxima casa de estudios, en un ejercicio con gran rigor profesional.

La propuesta señala expresamente que reconoce la realidad, no para claudicar sino, al contrario, confirmar la firme ambición de transformarla; por lo que a partir de datos y diagnósticos objetivos y de una perspectiva a partir de la tutela de los derechos fundamentales del ciudadano —razón de ser del Estado—, formula propuestas que debieran ser analizadas con seriedad y no sólo para dar un mensaje mediático que genere una sensación de atención a lo planteado.

Tengo muchas convergencias con los planteamientos formulados por la UNAM, como mis intervenciones en diferentes debates en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y lo escrito en este mismo espacio.

Una de las muchas coincidencias con lo propuesto por la UNAM consiste en que refiere la corresponsabilidad de todos los actores sociales, considera prioritaria la celebración de un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia en el país, y que este pacto es condición para cualquier reforma profunda en el sector, por lo que ningún actor social debe quedar al margen.

Además, en diversas ocasiones he insistido en que se requiere que al diseño de las políticas públicas le preceda un diagnóstico amplio y participativo; que la política criminal debe enfocarse a la prevención del delito y, sobre todo, al enfoque del desarrollo humano en las políticas públicas, en particular la criminal, en tanto que se coloca en el centro de su atención a toda víctima real o potencial de cualquier delito, en lo particular, y que de manera más amplia busca la protección de las libertades básicas contra los riesgos graves y previsibles.

El documento de la UNAM es sin duda una de las mejores respuestas de la sociedad al planteamiento de ofrecer alternativas para revisar la estrategia federal en materia de seguridad. No sólo corresponde ahora al gobierno federal responder a esta propuesta, sino a los gobiernos de todas las entidades federativas y a los principales líderes políticos y sociales de nuestro país.

                *Abogado postulante