Un primer paso en la solución del desequilibrio fiscal norteamericano

Después de estirar al máximo la liga y de generar cuantiosas pérdidas económicas, resultado del ambiente de tensión y malestar en los mercados financieros por la encrespada negociación entre el Ejecutivo y los legisladores, el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente la propuesta de elevar el tope de la deuda del gobierno federal en 2.1 trillones de dólares, monto que se estima suficiente para cubrir la totalidad de los requerimientos financieros del sector público hasta 2013, sin necesidad de solicitar nuevas ampliaciones.

La autorización conlleva el compromiso de reducir el déficit fiscal en un monto de 2.5 trillones de dólares en los siguientes diez años, concentrando la mayor parte del esfuerzo en los cinco últimos años. El acuerdo, considerado como una imposición del Partido Republicano, contempla bajar los gastos de defensa y de diversos programas civiles y una eventual cancelación, a su término (diciembre de 2012), en función de los avances realizados, de las reducciones fiscales vigentes aprobadas durante la administración Bush y ratificadas por el presidente Obama.

Se plantea la eliminación de gastos no imprescindibles por 900 mil millones y una contracción de 350 mil millones en el presupuesto de defensa. Por otra parte, un comité bipartidista deberá hacer propuestas adicionales en los siguientes meses, mismas que deberán votarse en el Congreso antes del próximo 23 de diciembre.

De no llegarse a un acuerdo, entrarían en vigor ajustes automáticos de gasto que afectarían rubros como defensa, infraestructura y educación, entre otros. En una segunda etapa, dicho comité deberá plantear una reforma fiscal de fondo. Sin embargo, en las circunstancias actuales se antoja difícil el consenso en este tema, ya que prevalecen profundas diferencias entre republicanos y demócratas: mientras que los primeros se oponen a mayores cargas tributarias, los segundos se niegan a recortes de gasto que se basen en modificaciones a programas sociales.

Para muchos analistas y calificadoras, el acuerdo logrado es apenas un primer paso, al considerar que se requerirá de importantes esfuerzos adicionales y de una gran operación política para bajar el gasto y subir los ingresos públicos hasta poder estabilizar el tamaño de la deuda en su proporción con el PIB (se aproxima a 100%).

La medida no parece ser una solución de fondo (se habla de un ajuste que debiera ser no menor a cuatro trillones de dólares), lo que podría no evitar una caída de la calificación de la deuda del gobierno en el corto plazo. Por lo pronto, las calificadoras de deuda Moody’s y Fitch mantuvieron la calificación de “AAA” a la deuda, pero no modificaron el sesgo negativo de su perspectiva y advirtieron que podrían disminuir la calificación en el no improbable caso de que los legisladores no consigan promulgar medidas que reduzcan el déficit o si se debilita más la economía.

Para colmo, los datos sobre el desempeño de la economía avizoran una recuperación en riesgo. Si bien no es posible todavía señalar que la economía enfrentará una nueva recesión, sí hay síntomas de una desaceleración pronunciada de la actividad económica. Sorprendió la fuerte revisión al crecimiento del PIB del primer trimestre de 1.8 a 0.4%, no obstante que el crecimiento del segundo trimestre fue de 1.3 por ciento.

Pese al logro de este acuerdo, no hay seguridad de que los mercados financieros vayan a estabilizarse en el futuro inmediato. Seguirá pesando la incertidumbre en torno a los avances de este comité, sobre todo el riesgo de que no se concreten medidas efectivas tendientes a reducir el desequilibrio fiscal. Después de lo ocurrido, hay muy poca credibilidad de los inversionistas y, para rematar, condiciones económicas de debilidad que pueden acentuarse, además de una frágil situación financiera en Europa. Muy probablemente la Reserva Federal tendrá que anunciar medidas de estímulo adicionales para aliviar la tensa situación actual.

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