Del diálogo a la reforma

El martes 26 de julio tuvo lugar un encuentro histórico: la reunión del Poder Legislativo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. No conozco antecedentes de un diálogo con estas características: franco, duro, claro, directo y respetuoso. Las intervenciones generaron toda suerte de sentimientos; sin embargo el dolor de los padres, hermanos, hijos y familiares de las víctimas de la inseguridad marcó la pauta.

En pocos meses este movimiento se ha convertido en un interlocutor con los poderes públicos. Ante el descrédito de los partidos políticos y la clase política, ninguna fuerza o actor social había logrado que sus demandas fueran escuchadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Primero se reunieron con el Presidente. La cobertura de medios fue inusual; más lo fue el diálogo. Sin embargo, en esta ocasión se hicieron propuestas y compromisos concretos por parte de cada uno de los grupos parlamentarios. Lo dijo con claridad el senador perredista Carlos Navarrete: lo que en meses no se logró en el Congreso, en una mañana el movimiento ciudadano lo hizo.

Dos grandes temas centraron la discusión: seguridad y reforma política. Desde luego, los asuntos sobre la seguridad incluyeron la mayoría de las propuestas: la ley del 5 de junio, para abordar los temas de las guarderías; la ley de atención a víctimas; la creación de una auditoría independiente de los cuerpos policiacos; la federalización del delito; la incorporación de cinco consejeros independientes en el Consejo Nacional de Seguridad; un registro nacional de detenciones y desapariciones; una nueva ley de seguridad nacional; la creación de una comisión de la verdad, entre otras.

En el ámbito de la reforma política, el único tema que no gozó de un pleno consenso fue la reelección de legisladores y alcaldes; aunque tampoco todas las fracciones parlamentarias parecen estar de acuerdo con la revocación de mandato. Pero sí dijeron estar a favor de la disminución de recursos para los partidos políticos, la iniciativa ciudadana y  las candidaturas independientes. Esto no significa que todos los temas mencionados vayan a ser incluidos en una reforma política. Creo que todas y cada una de las propuestas deberían analizarse en un plano más general, en el de una reforma del Estado que incluya transformaciones sustanciales al régimen político. El problema, desde mi punto de vista, es que a partir de la gran reforma electoral de 1977 —impulsada por Jesús Reyes Heroles, donde se reconoció la representación proporcional y se legalizaron organizaciones políticas proscritas, además de una amnistía política, entre otros asuntos importantes—, las siguientes fueron adecuaciones a las exigencias de la coyuntura. Hoy, ese tipo de respuestas no son suficientes. Estamos ante una grave crisis de representación donde parece evidente la ruptura entre sociedad política y sociedad civil. Esto queda en evidencia con los discursos de la clase política y los de la ciudadanía: tan lejanos, de contenidos tan distintos, que apenas y se tocan. Me parece esto muy grave; la representación política por excelencia en una democracia se materializa en los partidos políticos. Hoy en nuestro país crece la percepción de que estos sólo se representan a ellos  mismos. Es una fractura sumamente peligrosa ante una democracia no consolidada como la nuestra.

Hemos sido testigos de un diálogo inicial entre la sociedad civil y los poderes públicos, y eso no es poca cosa. Veremos si los acuerdos se llevan a la práctica. Si no es así, al menos habrá sido un acto catártico sellado con un abrazo y un beso de Javier Sicilia a Manlio Fabio Beltrones. Ojalá que eso bastara; me temo que requerimos de una verdadera transformación institucional para desagraviar a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres que, según cifras oficiales, siguen creciendo.

 Investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

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