Diálogo: acabar con el reino de las apariencias.

En diferentes ocasiones he argumentado en este espacio que para romper la reino de las apariencias que ha montado el sistema de partidos en México, es preciso que los ciudadanos irrumpan —con la inteligencia y la sensatez a menudo ausentes en nuestra vida política— en los palacios donde ocurren los diálogos circulares que empantanan nuestra vida pública. 

Es premisa falsa, digna de intelectuales orgánicos, que los partidos divergen porque hacen suyas las divisiones que existen en la sociedad sobre diferentes temas. Yo creo, en cambio, que la agenda de los funcionarios y representantes anda por una vía distinta que la de la ciudadanía, y que los debates estériles de aquéllos no son tanto una manifestación de incompetencia como la evidencia de un juego de intereses.  

Tampoco hay que comprarse la visión de que es posible “salvar” al país desde uno de los partidos en pugna; ni que uno de ellos sea el representante genuino del pueblo. La política no es de buenos y malos sino de ganadores y perdedores. Unos y otros han seguido hasta ahora el guión preestablecido: cuando están abajo dicen cosas de las que se retractarán cuando estén arriba, y viceversa.

El 15 de mayo escribí en este espacio que tenía grandes esperanzas en el diálogo al que había convocado Javier Sicilia (“Y que aparecen los ciudadanos”, se tituló aquella entrega de esta Bitácora). Más de un mes antes del encuentro en el Castillo de Chapultepec era posible prever —sin ser adivino— que el movimiento desatado por el poeta en Cuernavaca tenía el potencial de romper lo que él bien ha llamado el “monólogo del poder”.

Antes fue necesario sacudirse a quienes querían usar su protesta como una palanca para hacer avanzar la causa de uno de los aspirantes a la Presidencia. Eso ocurrió en Ciudad Juárez, el 10 de junio, cuando los oportunistas quisieron abusar del dolor de las víctimas de la violencia para llevar agua a su molino y pedir cosas tan fuera de lugar como la derogación del Tratado de Libre Comercio.

Quise esperar algunos días antes de referirme en este espacio al diálogo del 23 de junio, porque si bien me pareció que se había dado un inusual encuentro de altura entre los representantes de las víctimas y el gobierno federal, la experiencia nos muestra que en este país hay que otorgar un espacio al escepticismo.

Afortunadamente, con el paso de los días, hemos podido confirmar que allí se dio un paso real hacia una política de soluciones.

¿A qué llamo reino de las apariencias? Al lugar donde se encuentran quienes gobiernan sin asumir las consecuencias de sus decisiones y quienes se oponen a lo que hace el gobierno sin otro recurso que el de la descalificación. Así, en el tema de la inseguridad hemos visto, por un lado, a quienes dijeron que las muertes violentas se debían casi todas a que los criminales se estaban exterminando unos a otros, y, por otro, a quienes nada tienen que proponer fuera del “retiro del Ejército” y la renuncia del secretario de Seguridad Pública Federal.

Nuevamente, es absurdo ver en esas posturas encontradas la traducción de las divisiones sociales sobre la inseguridad. Hay mexicanos que señalan la poca eficacia de la estrategia oficial contra los criminales sin ser opositores a ultranza, y también los hay que piden la permanencia del Ejército en sus comunidades sin ser gobiernistas. La antipolítica no la ejerce quien cuestiona la conveniencia de este atrincheramiento de la vida pública sino quien no ve nada más allá de él.

El diálogo del 23 de junio hizo un boquete en la lógica del enfrentamiento estéril. Las víctimas irrumpieron en el Castillo de Chapultepec y, sin la estridencia de los iluminados y de quienes se asumen voceros del pueblo, dijeron sus verdades en la cara del poder. Y el presidente Felipe Calderón, sin el aura de infalibilidad que caracterizaba a la Presidencia imperial y sin adoptar la postura defensiva que había mostrado otras veces, los supo escuchar.

Decía que quise esperar unos días antes de concluir que lo que se vio en el Castillo de Chapultepec era algo genuino. Ahora puedo afirmar que veo un verdadero cambio en el discurso presidencial y que sólo falta esperar que el resultado de aquel foro arroje resultados concretos.

El martes pasado entrevisté al presidente Calderón en Los Pinos, la tercera vez que lo hago este sexenio. Me quedó la impresión de que el diálogo había tenido un efecto muy profundo en él.

“El testimonio de las víctimas ha sido tan poderoso que tiene que hacernos cambiar a todos”, me dijo el Presidente. Había quedado atrás su convicción de que el grueso de los muertos por la violencia eran criminales abatidos por otros criminales y que el resto era daño colateral.

“Cada persona que muere es un ser humano, independientemente de si haya sido víctima inocente, que son las que más duelen, o si había sido reclutada por una banda criminal u otra”, afirmó. “Cada una merece que su caso sea expresado, revelado, con conciencia del entorno familiar”.

Habrá quien diga que sólo son palabras. Sin embargo, los cambios en las acciones siempre son precedidos por el uso distinto de las palabras.

Y aunque es pronto para saber qué arrojará este diálogo, lo cierto es que ya ha propiciado una visión distinta sobre la criminalidad, al menos en la perspectiva presidencial: 1) los operativos militares y/o policiacos, sobre todo aquellos que se caracterizan por un gran despliegue de fuerza, tienen caducidad y no sustituyen la construcción de instituciones de justicia, y 2) el abatimiento de la impunidad, ese poderoso combustible de las conductas delictivas, tiene que pasar por el fortalecimiento de las capacidades de investigación del Estado.

El Presidente se refirió al primer punto en la entrevista con Excélsior. Una lección importante para su gobierno, me dijo, es que “no basta el operativo sino que se requiere rápidamente reconstruir las policías locales, porque la inhibición de la acción de los criminales dura lo que dura la presencia de las fuerzas federales, que no puede ser permanente”.

Y agregó: “Se requiere tiempo para reconstruir las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia locales, cosa que desgraciadamente no se hizo en muchos operativos”.

En un sistema federal como el que tenemos, no todo puede quedar en manos del gobierno de la República. Las entidades federativas tienen que reconocer su parte de la responsabilidad en los malos resultados obtenidos hasta ahora. Varias de ellas, como lo recordó Calderón en la entrevista, solicitaron la presencia del Ejército y la Marina. Y la mayoría (el Distrito Federal y Jalisco son excepciones entre los estados más poblados) no han cumplido con los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, de agosto de 2008.

Ya lo decía ayer, en estas páginas, mi compañero Francisco Garfias: “A algunos gobernadores aún les zumban los oídos por la ‘regañada’ que el jueves pasado les puso doña Isabel Miranda de Wallace, en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad”, respecto de sus incumplimientos con la seguridad pública de los ciudadanos.

Ojalá pronto veamos que en los otros órdenes de gobierno, el municipal y el estatal, se rompa el reino de las apariencias: que hacer bien el trabajo, ser transparente, someterse a mediciones y escuchar las reclamaciones de la ciudadanía da mejores resultados, incluso en términos de popularidad, que atrincherarse y debatir sólo con los partidos de enfrente.

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