Visión empresarial del Segundo Informe de Gobierno

Después de analizar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, considero importante plantear una visión empresarial sobre los avances y pendientes de sus primeros 23 meses de gestión.

Nos parece que el mensaje tiene por lo menos dos intenciones que aborda en forma conjunta: la presentación de resultados y la reafirmación y vigencia de su movimiento político.

Las palabras más utilizadas ayudan a identificar la orientación del mensaje. Destacan “bienestar” y “gobierno”. Bienestar aparece como propósito central, ligado a los programas sociales, la prosperidad compartida y la mejora de las condiciones de vida. Gobierno se presenta como una administración cercana al pueblo, austera y honesta, responsable de conducir el desarrollo, prestar servicios y garantizar derechos.

También son muy utilizadas las referencias al agua, la educación, la salud, las familias y el pueblo, que colocan la política social en el centro. El desarrollo y la inversión aparecen ligados al crecimiento económico y a la rectoría del Estado.

Las cifras cumplen una función central al ser presentadas como pruebas de la capacidad del gobierno para atender a la población. Su insistencia busca transmitir la imagen de una administración activa, aunque deja menos espacio para explicar rezagos, costos, dificultades para llevar a cabo los proyectos o resultados insuficientes.

Hay avances que deben reconocerse, entre ellos, la tendencia a la baja de la inflación, la inversión extranjera directa, el diálogo ante la revisión del T-MEC y la reducción de algunos delitos. En materia laboral destacan la recuperación del salario mínimo, la incorporación de trabajadores de plataformas a la seguridad social y la disminución gradual de la jornada hasta llegar a 40 horas. Aunque estos se deben, en parte muy importante, al esfuerzo de las empresas, que han asumido mayores costos y han tenido que ajustar su organización.

Nos preguntamos si el crecimiento económico permitirá sostener al mismo tiempo los programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura. Durante el primer semestre de 2026 el PIB creció apenas 1.2%. El segundo trimestre mostró una recuperación y la inversión fija bruta acumula tres meses de crecimiento anual positivo, después de 18 meses en terreno negativo. Son señales favorables, pero todavía es pronto para saber si se consolidarán en un crecimiento suficiente para financiar los programas sociales, mejorar sustancialmente los servicios públicos y remontar el rezago en mantenimiento y realización de las obras de infraestructura anunciadas.

A ello hay que añadir las presiones sobre las finanzas públicas y una deuda cercana a 51% del PIB. El mensaje anuncia una consolidación fiscal paulatina, pero queda pendiente explicar cómo se financiarán todas las metas sin desplazar otras prioridades, reducir la inversión pública o mantener una trayectoria creciente de endeudamiento. Sostener la política social depende también de la capacidad de la economía para generar los recursos que la financian.

Los indicadores de confianza contrastan con las señales favorables presentadas en el Informe, pues #DataCoparmex reporta que sólo 23% de los socios considera que es un buen momento para invertir y la confianza empresarial medida por el INEGI lleva 18 meses en zona de pesimismo.

Por eso insistimos en la necesidad de acelerar una agenda procrecimiento. Un punto central es la seguridad. La disminución de algunos delitos reportada por el gobierno es positiva, pero la extorsión se mantiene en zona de máximos históricos. También se requiere certeza jurídica. Quien invierte necesita conocer las reglas y confiar en que sus contratos y propiedades serán respetados. La seguridad y la aplicación de la ley forman parte de las condiciones básicas para recuperar la confianza.

El Plan México y la revisión del T-MEC pueden ayudar a reactivar la inversión. Los proyectos anunciados tienen que convertirse en nuevas plantas, infraestructura, proveedores y empleos. Para lograrlo, se requiere inversión pública y privada, especialmente en energía, agua, carreteras y logística.

Otro pendiente es avanzar en la desregulación. El 47% de las empresas consultadas tuvo problemas al realizar trámites gubernamentales. La simplificación debe traducirse en menos requisitos, trámites más rápidos y respuestas claras.

También deben revisarse los costos no salariales del empleo formal, especialmente para las MiPYMEs. Las contribuciones patronales y las nuevas obligaciones se han sumado a los aumentos del salario mínimo y a la reducción de la jornada. Estos cambios deben tomar en cuenta la capacidad de las empresas para contratar y mantener empleos formales.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos, prestar servicios y fijar reglas claras. La economía depende fundamentalmente de la libertad de las personas para trabajar, emprender, invertir e intercambiar. El bienestar se fortalece cuando la acción pública crea condiciones para que esa iniciativa contribuya al bien común.

Una empresa productiva puede sostener empleos formales, pagar mejores salarios, capacitar a sus trabajadores y contribuir al financiamiento de los servicios públicos. Es una forma concreta de contribuir al bienestar, dentro de la ley y con responsabilidad social.

Los avances presentados en el Informe podrán sostenerse si la economía genera más inversión, productividad y empleo formal. Esa debe ser una prioridad para los próximos años. Todavía hay tiempo para recuperar la confianza, y el mejor indicador será que más empresas decidan invertir, crecer y contratar.