La revisión del T-MEC y la prueba de la inversión

El pasado 5 de marzo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciaron la primera ronda de discusiones bilaterales preparatorias para la Revisión Conjunta del T-MEC. Instruyeron a sus equipos a trabajar en medidas para asegurar que los beneficios del acuerdo se queden principalmente en los socios, reducir dependencia de importaciones de otras regiones, fortalecer reglas de origen y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro. La reunión inicial se prevé para la semana del 16 de marzo, con encuentros regulares a partir de entonces.

Por otra parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer recientemente la Agenda de Política Comercial 2026 y su Informe Anual 2025. Ahí coloca la revisión del T-MEC como una de las seis prioridades de su política comercial. Señala que USTR encabezará la Revisión Conjunta con interacción bilateral y, cuando corresponda, trilateral, y que recomendará renovar el acuerdo solo si se resuelven los temas identificados en esa revisión. En el mismo documento se precisa el calendario de decisiones. La primera Revisión Conjunta está programada para el 1 de julio de 2026 y cualquier recomendación formal de acción debe presentarse a más tardar el 1 de junio de 2026.

Estados Unidos enumera preocupaciones directas sobre México. Afirma que se han aplicado medidas preferenciales en energía y minería, en particular en petróleo, gas y electricidad, en detrimento de inversionistas estadounidenses. Sostiene que se ha deteriorado el clima general de inversión y que el marco laboral es inadecuado y su aplicación ha sido laxa. Coloca también un objetivo regional que conecta con el comunicado conjunto. Endurecer reglas de origen en sectores clave e incorporar medidas efectivas contra triangulación comercial y deslocalización, además de enfrentar la presencia creciente de inversión de economías no sujetas a reglas de mercado en la región y los efectos de la sobrecapacidad industrial. Todo ello lo vincula con su visión de seguridad económica y nacional.

El Informe Anual 2025 agrega un componente que no hay que subestimar. En el T-MEC, el cumplimiento es un conjunto de mecanismos que Estados Unidos usa y documenta. Reporta activaciones del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y un precedente de panel, además de disputas y consultas formales bajo el propio acuerdo. En el anexo sobre monitoreo y cumplimiento del informe se describe el expediente de consultas sobre medidas relacionadas con energía. La revisión será al mismo tiempo una evaluación de hechos y de señales regulatorias.

En México deberíamos leer ese énfasis no como presión externa, sino como recordatorio de un problema interno que ya hemos señalado. Sin reglas claras y un entorno abierto a la inversión privada en el sector energético, la competitividad regional se vuelve frágil. Si el objetivo es elevar contenido regional, atraer nuevas plantas y desarrollar proveeduría, la energía deja de ser un tema sectorial y se vuelve condición habilitadora. La señal que manda el propio T-MEC, por la vía de sus mecanismos de cumplimiento, es que el marco regulatorio y la operación cotidiana del mercado importan tanto como el texto del tratado.

Ahí se cruza esta revisión con el mayor problema económico de México en los últimos años, la debilidad de la inversión productiva. En 2025, la inversión fija bruta se contrajo 6.7 %, un dato que debe leerse como el prolegómeno del crecimiento, porque sin capital nuevo no hay expansión sostenible ni productividad que aguante. Si la región va a exigir mayor contenido regional, trazabilidad y controles contra triangulación, México necesita elevar productividad, desarrollar proveedores y mejorar logística. Para que ese salto ocurra, la política energética debe alinearse con ese objetivo, con reglas operables que permitan inversión y con capacidad real de ejecución.

En ese marco, conviene reconocer señales positivas, porque también pesan en la conversación con Norteamérica. En febrero se presentó un Plan de Acción Estados Unidos–México sobre minerales críticos, con un enfoque en la fortaleza de cadenas, cooperación regulatoria y técnica, promoción y evaluación de inversiones, y mecanismos comerciales coordinados para fortalecer un mercado regional más sólido. Este tipo de instrumentos, si se aterriza con proyectos concretos, puede alinear la agenda de cadenas de suministro con inversión productiva y contenido regional.

Otra señal positiva es el avance en seguridad. El arranque de 2026 ofrece datos favorables en varios rubros y, además, se acompaña de cooperación más efectiva con Estados Unidos, un factor que incide directamente en la operación de corredores logísticos. La prueba está en el territorio, en rutas, parques industriales y regiones donde se decide si un proyecto se ejecuta o se cancela.

El mensaje de fondo es que la mejor defensa del T-MEC se construye con competitividad. Y la competitividad se construye con inversión. La inversión privada es la que puede multiplicar capacidades, incorporar tecnología, integrar MiPyMEs a cadenas exportadoras y sostener empleo formal.

La Revisión Conjunta de 2026 será más exigente y política. También puede ser una oportunidad real. Si México usa este proceso para ordenar su agenda interna y traducir la integración regional en proyectos productivos concretos, la revisión se convierte en palanca. Si no lo hace, la región seguirá ajustándose, pero la inversión buscará otras rutas. El tiempo apremia.