Poderes del Estado respaldan ley general para frenar la impunidad en feminicidios

Representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial coincidieron en que la nueva ley contra el feminicidio debe funcionar contra la impunidad y permitir que la justicia llegue a las mujeres de este país y a sus familias.

Un compromiso contra la impunidad

Martha Lucía Micher Camarena, senadora responsable del proceso legislativo para la creación de esta ley; Monserrat Matilde Rizo, jefa de la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación; Ingrid Gómez, subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, así como Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron en que el asesinato de miles de mujeres cada año no puede quedar impune, por lo que la nueva ley debe cerrar espacios a quienes buscan evadir el castigo y diseñarse para proteger a las familias de las mujeres muertas.

Yasmín Esquivel consideró que esta iniciativa de ley "responde a un compromiso ético, moral, social, al mandato constitucional de proteger los derechos humanos, de abatir el delito de feminicidio; de abatir esa impunidad que, recordemos, es arriba del 90 %, erosiona el tejido social, deja atrás a las víctimas indirectas, a quienes es necesario voltear a mirar; a esos niños voltearlos a mirar".

Hoy celebro que estemos aquí, fortalecer esta propuesta, llevarla a buen puerto, con la decisión de la voluntad de que no sea letra muerta, que ponga fin a la impunidad, que atienda la reparación integral del daño de las víctimas", expresó.

Coordinación institucional y rigor normativo

Durante la inauguración de la mesa de diálogo en torno a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, organizada por el Senado, Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y responsable del proceso legislativo para aprobar la iniciativa presidencial, destacó que "lo que está en juego no es únicamente la homologación de un tipo penal ni el aumento de una sanción. Estamos discutiendo cómo debe actuar el Estado, cómo debe haber una coordinación institucional y cómo hacemos para que todas esas instituciones funcionen".

Añadió que "necesitamos una norma muy ambiciosa en sus fines y rigurosa en sus instrumentos que reconozca la diversidad territorial del país".

Por su parte, Monserrat Matilde Rizo, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, consideró que además de crear o modificar la normatividad y armonizar disposiciones jurídicas, el reto también es construir una respuesta integral del Estado para prevenir las violencias, investigar con debida diligencia, sancionar a los responsables y garantizar verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y sus familias.

Homologación del tipo penal a nivel nacional

Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, expresó que la legislación resulta de gran importancia, ya que "hoy tenemos un tipo penal fragmentado con 32 estados que regulan el feminicidio de forma diferente" y la apuesta es que "podamos tener un tipo penal sólido, fortalecido, así como las razones de género, las agravantes y las penas".

Eleonora Betancurt, representante de ONU Mujeres en México, calificó la iniciativa de ley en materia de feminicidio como "un paso decisivo» en nuestro país, pues responde a la lucha de niñas y mujeres por su derecho a vivir seguras, además de que transformará décadas de exigencia y movilización en un estándar nacional que proteja y fortalezca las garantías de las mexicanas".

Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio de la Fiscalía General de la Ciudad de México, afirmó que esta iniciativa representa un avance normativo real, por ello es de destacar que el Senado, antes de legislar, decida escuchar a quienes investigamos, litigamos, juzgamos y acompañamos estos casos día con día.

Seis ejes centrales de discusión

Las mesas de discusión, que solo se realizaron este martes, se dividieron en seis temas:

• Prevención de la violencia feminicida y políticas públicas.
• Investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto.
• Tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa.
• Víctimas, reparación integral, niñas y niños en orfandad y medidas de protección.
• Coordinación institucional, sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades.