La Cofepris requiere presupuesto

Alicia Salgado

Alicia Salgado

Cuenta corriente

Dicen que cuando una entidad de gobierno tiene facultades de regulación, vigilancia y lo hace bien, decrecen los litigios y las quejas. Algo hay de eso, pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido, desde que gobernaba la Ciudad de México, en que “desregular no implica eliminar controles, sino los trámites que se duplican o son innecesarios” para el fomento y la vigilancia de la seguridad sanitaria de la población mexicana.

Es conocido en el medio de salud que el pasado domingo 5 de julio se celebró el 25 aniversario la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza el doctor Víctor Hugo Borja Aburto.

Ésta es una institución que mediáticamente se encuentra en medio de polémicas con distintas industrias y sectores económicos. Las industrias que vigila y regula impactan a 10% del PIB. Lo interesante es que, desde el año pasado, coordinado por la ANDT, de José Peña Merino, y siguiendo el esfuerzo de simplificación previo al relevo administrativo del pasado enero, se realizó una revisión integral del universo de trámites y, entre las decisiones más relevantes y aplaudidas por el sector privado, estuvo el eliminar la dictaminación de avisos a la importación de insumos para la salud y productos. Oficialmente, el recuento del programa de simplificación, hasta el mes pasado, era la reducción de 340 trámites a 125, requisitos específicos de 14 a siete y se afirma que la reducción de los tiempos promedio de respuesta a regulados bajó de 100 a 24 días, aprobación en 30 días de protocolos de investigación clínica y un compromiso de ventanilla digital absoluta desde hace tres meses, donde sólo quedaba pendiente incorporar dispositivos para la salud. La numeralia parece estar bien, pero la realidad que enfrenta la Cofepris es que el programa de modernización tecnológica requiere inversiones en hardware para transitar a un sistema de supervisión basado en el análisis de riesgos (con ciencia de datos) que le permita enlazarse con el mundo para no duplicar investigación ni malgastar recursos. No alcanzó y la ventanilla no es una realidad. Aunque desistieron del pase de charola al sector privado para poder hacerse de las herramientas necesarias para acelerar la transición, el presupuesto es insuficiente, aun cuando estaba incluido en lo autorizado por Hacienda para el primer trimestre de este año.

La Cofepris opera bajo un esquema centralizado, donde todos los ingresos recaudados por trámites ingresan directamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y, año con año, le asignan un presupuesto. Este 2026 fue de 748 millones de pesos que, se supone, incluyen 60 millones asignados al programa de modernización de su sistema tecnológico. El recurso está autorizado, pero, insisto, no ha llegado y se hace lo que se puede. 

Es complicado entrar al portal de transparencia del gobierno federal y obtener la información consolidada, pero en los ingresos pagados por los “estudios solicitados por particulares” para que la Cofepris revise la procedencia de un registro, una de las dos decenas de rubros de ingresos que tiene en el portal, entre enero y septiembre del año pasado, la Cofepris transfirió a la Tesofe 1,595 millones de pesos en números cerrados. Sólo un rubro, uno solo de cobro de cuotas de supervisión, bastaría para sostener el presupuesto autorizado de dos años de este organismo vital para la seguridad y soberanía sanitaria del país.

Si ya hicieron el esfuerzo de simplificación, ¿por qué no el de mejora presupuestaria?

DE FONDOS A FONDO

#NUBANK. ¿Toca la puerta David Vélez con la visita a la presidenta Claudia Sheinbaum? Muy probablemente gestionada por la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y tiene que ver con la posibilidad de que le den la opinión favorable a NU Sofipo para operar como NU Banco, proceso que le ha costado a quien administra 14 millones de cuentas de clientes. No sé si le pasaron mal la tarjeta, pero se han invertido 1,400 millones de dólares y se había anunciado a finales del año pasado una inversión adicional de 2,500 millones de dólares a aplicarse entre 2026 y 2030. Si el compromiso es aumentarlo a 4,200 millones de dólares, implica un aumento de otros 300 millones de dólares adicionales. En fin. En espera de la opinión favorable.