Los movimientos de implicados que precedieron al regreso de Rocha Moya
Tras el regreso de Rocha, EU lanzó un mensaje fuerte: El Cártel de Sinaloa no podría operar sin el apoyo de funcionarios corruptos.
En los días previos al regreso de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador de Sinaloa, hubo tres movimientos de tres implicados tanto en la acusación de Estados Unidos como en la investigación de autoridades federales mexicanas.
El exsecretario de Seguridad de Rocha, Gerardo Mérida Sánchez, salió del sistema estadunidense de prisiones, quizá en negociación con el gobierno, lo que se confirmó el martes.
El día siguiente, miércoles, fue detenido Fausto Corrales Rodríguez, testigo presencial en el lugar y día en que Joaquín Guzmán López secuestró a Ismael El Mayo Zambada y asesinaron al exrector de la UAS, Héctor Cuén.
El viernes temprano una corte concedió en Chicago a Joaquín Guzmán López seis meses más para negociar antes de pasar a su sentencia.
Horas después, Rocha Moya informó desde palacio de gobierno en Culiacán que había regresado a la gubernatura, puesto que le otorga fuero.
En una carta que leyó el abogado Frank Pérez el año pasado, Ismael El Mayo Zambada declaró que fue emboscado y secuestrado en un rancho en el que estaban presentes Rubén Rocha Moya, Joaquín Guzmán López y Héctor Cuén.
En abril, el gobierno de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de vínculos con la facción de los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán en el Cartel de Sinaloa.
El 11 de mayo el exsecretario Gerardo Mérida, uno de los diez acusados cruzó la frontera a Nogales, Arizona, y se entregó voluntariamente. Está acusado de recibir sobornos de los Chapitos como miembro de gabinete de Rocha.
Muchos medios mencionan que Mérida ya no está en la prisión de Brooklyn, pero nunca estuvo ahí, desde su traslado a Nueva York el 13 de mayo estuvo en el Centro Metropolitano de Correcciones (MCC) de Manhattan. Brooklyn es el Este de Nueva York; Manhattan es el Sur.
También muchos medios consideran que hubo un segundo exfuncionario de Rocha, Enrique Díaz Vega, que se habría entregado, pero hasta este sábado sigue sin aparecer dentro del sistema judicial estadunidense, de acuerdo con recorrido de Excélsior.
Joaquín Guzmán López podría alcanzar un acuerdo similar al que obtuvo su hermano, Ovidio, que antes de ser sentenciado paso a ser “testigo colaborador del gobierno”.
Según una investigación de Los Ángeles Times, esos acuerdos con los Guzmán López, podrían motivar a que se entreguen mediante negociaciones sus medios hermanos prófugos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, lo que ha sido desde el principio una estrategia del gobierno. Extraoficialmente se sabe que Joaquín secuestró a El Mayo y se entregó en comunicación con Ovidio.
Si negocia, Gerardo Mérida podría alcanzar un acuerdo similar y propiciar que otros de los nueve acusados restantes se entreguen.
Tras el regreso de Rocha a la gubernatura, el gobierno de Estados Unidos tuvo una única reacción. El Departamento de Estado dijo a la agencia Reuters que “el Cártel de Sinaloa trafica drogas letales a Estados Unidos y es una organización terrorista designada que no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”.
El director de la DEA, Terrance Cole, ha dicho tres veces en lo que va de este año –una en audiencia legislativa y dos en conferencias—que su agencia va contra funcionarios coludidos con el narcotráfico, a quienes responsabiliza tanto como a los carteles por las muertes por sobredosis de estadunidenses.