Tropieza gobierno de Rocío Nahle con rescate del Ingenio San Pedro
Los dueños del ingenio no entregaron la planta al gobierno estatal, que estaba dispuesto a continuar con su operación
Después de un anuncio que despertó entusiasmo entre los habitantes de Lerdo de Tejada y la región de Los Tuxtlas, en Veracruz, la promesa de reactivar el ingenio San Pedro chocó con una transferencia que no se concretó como había anunciado la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, mientras el tiempo para preparar la molienda avanzó entre retrasos, reclamaciones y pendientes en las instalaciones.
A principios de agosto se anunció del cierre del ingenio, la noticia cayó como bomba entre productores y obreros. Hubo reuniones y una promesa de la gobernadora de que la fábrica sería reabierta, con o sin los propietarios, la mandataria habló de la creación de un fideicomiso y del apoyo del gobierno federal.
Sin embargo, lo que se presentó como una salida prácticamente resuelta para trabajadores, productores y miles de familias de la región terminó atorado, ya que los propietarios no entregaron la factoría y el gobierno estatal no pudo asumir su operación en los términos inicialmente anunciados.
El 28 de agosto, el gobierno estatal informó que se haría cargo del ingenio San Pedro y crearía un organismo estatal para operarlo. Anunció además que contrataría trabajadores y productores de caña para garantizar la zafra.
Dos días antes, Rocío Nahle García aseguró que el propietario devolvería el ingenio a la federación y que posteriormente sería entregado al gobierno de Veracruz.
“Lo agarra la federación y la federación se lo va a dar al estado y nosotros nos hacemos cargo”, afirmó entonces.
Sin embargo, el escenario cambió, el 10 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que todavía no estaba decidido que el Gobierno estatal asumiera el ingenio y planteó tres posibilidades: que lo hiciera el estado, que los trabajadores lo manejaran mediante una cooperativa o que algún otro empresario estuviera interesado en adquirirlo y descartó subsidiarlo con recursos públicos.
Días después apareció una nueva fórmula: el gobierno veracruzano anunció el Fideicomiso San Pedro VER, que estaría preparado para recibir y reactivar la factoría.
El 19 de septiembre, Nahle García sostuvo que el fideicomiso estaba listo y afirmó que la transferencia podría concretarse la semana siguiente. Ese día lanzó también una de sus frases más contundentes: “la zafra de diciembre va porque va”, pero la entrega tampoco llegó.
El 28 de septiembre la gobernadora reconoció públicamente que Grupo Porres no había entregado las instalaciones pese al compromiso que, según aseguró, había establecido previamente. El retraso impedía reanudar las actividades y avanzar en la adquisición de caña.
Una semana después, Nahle García endureció el discurso y admitió que la factoría seguía bajo control de los propietarios.
“No han entregado ni el activo y vuelta y vuelta jugando al vivo”, reclamó al señalar una posible “falta de voluntad” para concluir el traspaso, aunque evitó responsabilizar exclusivamente a los empresarios.
Y mientras el sobierno daba por encaminado el rescate, Grupo Azucarero San Pedro atravesó una reorganización interna.
Othón Porres Bueno dejó de formar parte del consejo de administración, aunque permanece como accionista; hubo cambios en la conducción de la sociedad, ingreso de nuevos accionistas y movimientos en la distribución del capital. La compañía también reforzó durante ese periodo su representación jurídica.
Estos movimientos no permiten concluir que los empresarios hubieran decidido de antemano frenar la entrega del ingenio, pero sí muestran que la sociedad propietaria continuó reorganizándose mientras los gobiernos federal y estatal negociaban el futuro de la factoría.
La posesión del ingenio tampoco era el único problema para comenzar la zafra.
Información recabada sobre las condiciones de las instalaciones indica que, durante una revisión, no fue localizado en su sitio de operación un equipo crítico de transmisión correspondiente al Molino 3.
La ausencia de ese componente impedía la operación del equipo de molienda, en ese momento no había una unidad de sustitución disponible.
Posteriormente, Nahle García informó públicamente que algunas piezas retiradas del ingenio para recibir mantenimiento ya habían sido localizadas, por lo que se gestionaría el pago de los trabajos necesarios para regresarlas a las instalaciones.
La demora encendió además las alertas en la región. El 8 de octubre, alcaldes de seis municipios reclamaron que se concretara la entrega del Ingenio San Pedro, advirtieron que el cierre afectaba a más de siete mil familias, además de cañicultores, trabajadores, transportistas, comerciantes, proveedores y prestadores de servicios.
Así, la historia que comenzó con el anuncio de que el Gobierno de Veracruz asumiría el ingenio y garantizaría la siguiente molienda terminó convertida en una negociación sin concretar en los plazos anunciados: un fideicomiso preparado para recibir una fábrica que continuaba en manos privadas y una zafra prometida cuya preparación quedó atrapada entre la falta de entrega y los pendientes de la planta.