Cofece busca reubicar a sus expertos

En la transición hacia su fin institucional, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) buscará que su calificado personal sea absorbido por la futura autoridad que la reemplazará en la tarea de frenar prácticas monopólicas y adversas a los consumidores.

A diferencia de otros organismos autónomos que también habrán de extinguirse en 2025 y que solicitan una liquidación conforme a derecho para sus trabajadores, la Cofece aspira a que al menos 350 de sus expertos sean recontratados por la dependencia que, según la reforma de simplificación orgánica, ejercerá con autonomía técnica las funciones de regulación de diversos mercados.

Esta comisión cuenta con un personal de 480 profesionistas especializados en litigios y conflictos determinantes para que en México se preserve la competencia económica sin prácticas de concentración ni abuso comercial.

De ese total, 350 realizan funciones sustantivas que el futuro órgano regulador requerirá para atender los diversos mercados que actualmente monitorea la Cofece y, para lo cual, se requiere de una formación especializada y de experiencia, atributos que no podrían improvisarse.

Con ese diagnóstico, los comisionados del órgano autónomo preparan la defensa, ante el gobierno federal y el Congreso, de la importancia estratégica que para México tiene el hecho de que ese personal siga garantizando el rol regulador del Estado frente a prácticas adversas al interés de los consumidores.

De manera que el cuerpo colegiado de la Cofece buscaría que, con esa garantía, se formule la legislación secundaria que en el próximo periodo de sesiones habrá de concretarse en el Congreso, del primero de febrero al 30 de abril.

Hasta ahora, el decreto de la reforma de simplificación orgánica, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, no precisó el destino de las funciones de esta comisión ni de su personal. Sin embargo, en los artículos transitorios de ese documento se indica que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, “en términos de la legislación aplicable”, misma que hasta ahora sigue pendiente.

Igualmente, se plantea que “los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”.

Es a partir de ese precepto que la Cofece confía en la recontratación de su personal, asumiendo que esto quedará claro en los futuros ordenamientos, como se prevé en el Décimo Transitorio del decreto de la reforma constitucional que desaparecerá, además, al INAI, el IFT, Coneval, CRE, CNH y MEJOREDU.

“El Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia, y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28 de esta Constitución”, se precisa en ese décimo transitorio.

“La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”, se definió desde la reforma constitucional.

Asumiendo el contenido de ese transitorio, la Cofece espera que el calificado personal que la conforma, en su mayoría con 12 años de antigüedad, y en varios casos procedente del organismo que la antecedió (Cofeco), siga desempeñándose en las tareas que ahora realiza.

Con un presupuesto 70 % menor al solicitado, la comisión contará en este 2025 con 199 millones de pesos, en contraste con los 688 millones que había solicitado, por lo que ha hecho pública la preocupación de que ese presupuesto resulta insuficiente para cubrir las tareas sustantivas en el primer semestre del año.

Mientras sus tareas sustantivas no se transfieran a la futura instancia antimonopolios o a la Secretaría de Economía, definiciones que deberán quedar concretadas en las leyes secundarias, los actuales comisionados y su personal deberán desahogar más de 150 operaciones de fusiones, que equivalen a cerca del 10 % del PIB de México, para evitar riesgos a los consumidores.

Además, según lo detallaron los comisionados en un pronunciamiento del pasado 6 de enero, la Cofece “tiene alrededor de 25 investigaciones en curso en mercados de suma importancia para el bienestar de las familias mexicanas, así como para el desarrollo de una economía justa e incluyente”.