Agradezco a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su atención a la columna que publiqué el jueves, titulada: **Presidencia, la mentira de los desaparecidos.
La secretaria envió una carta a Excélsior —publicada ayer— en la que señala que es falsa la afirmación de que el gobierno de México “no atiende a las familias de personas desaparecidas o que la Presidencia sea indiferente frente a esta tragedia”. Y describe en ocho párrafos las acciones y convicciones gubernamentales en la materia.
Remata con esta frase: “Concluir que el gobierno de México no atiende a las familias a partir de consultas realizadas a un número reducido de colectivos constituye una generalización que no refleja la complejidad de esta realidad, pues existen cientos de colectivos con experiencias y contextos distintos”.
Puede ser. Pero lo que expuse el jueves se sustentó en la opinión de varias de las organizaciones de madres y padres más representativas, así como en la dura crítica que formulan sobre lo poco que, a su juicio, han cambiado las condiciones para llevar a cabo la dolorosa tarea de buscar a sus familiares.
Son esas organizaciones las que preguntan por qué el gobierno no muestra voluntad de dialogar y construir una propuesta que atienda los problemas estructurales de la búsqueda.
Le pregunto, secretaria: ¿a cuántos colectivos necesitaríamos entrevistar para conformar una muestra representativa? ¿Diez no bastan? La afirmación de que el gobierno mexicano no las acompaña no es mía. Es de ellas, de ellos. Son ellas y ellos a quienes tendría que convencer de que, en efecto, están siendo atendidos.