FGR recupera 62 mdp de la Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una recuperación de activos significativa para la Hacienda Pública Federal relacionada con uno de los casos de corrupción más emblemáticos en México. La institución obtuvo la reparación del daño por un monto de 62 millones 877 mil 192 pesos, derivado de un esquema de desvío de recursos instrumentado a través de la llamada Estafa Maestra.

Esta acción judicial se concretó en contra de dos exfuncionarios y directivos involucrados directamente en la triangulación de fondos: Ricardo “M”, quien se desempeñaba como Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

Ambos fueron hallados responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Según la investigación ministerial, los imputados suscribieron convenios que violaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, causando un quebranto directo al erario.

El esquema de subcontratación ilegal

La investigación de la FGR acreditó que la firma del convenio entre la Sedesol y la universidad mexiquense presentó graves irregularidades. El objetivo oficial del contrato no se cumplió bajo las normas establecidas, ya que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

El modus operandi detectado en este caso específico replica el mecanismo central de la Estafa Maestra: la casa de estudios (UIEM) no prestó el servicio para el cual fue contratada. En su lugar, subcontrató la totalidad de los servicios a un precio inferior al pactado originalmente con la dependencia federal. La diferencia entre el dinero que pagó Sedesol y lo que realmente costó el servicio subcontratado constituye el daño patrimonial de más de 62 millones de pesos que ahora debe ser devuelto.

¿Qué es la Estafa Maestra?

La Estafa Maestra es el nombre dado a un esquema de corrupción revelado en 2017, mediante el cual dependencias del gobierno federal —principalmente la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles— desviaron miles de millones de pesos.

El fraude se basaba en aprovechar un recoveco legal en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite a las dependencias públicas otorgar contratos directos (sin licitación) a universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales.

El esquema funcionaba de la siguiente manera:

• La dependencia federal contrataba a la universidad para un supuesto servicio.
• La universidad cobraba una comisión y subcontrataba el 100% del trabajo a terceros, violando la ley que solo permite subcontratar el 49%.
• Estas empresas terceras resultaban ser, en muchos casos, empresas fantasma o irregulares, desapareciendo el rastro del dinero público.

Resolución judicial y reparación del daño

El Ministerio Público Federal (MPF) aportó los elementos probatorios suficientes para que la autoridad judicial dictara sentencia. No obstante, el sistema penal permitió una salida alterna. A Ricardo “M” y José “M” se les concedieron los sustitutivos legales previstos en el Código Penal Federal.

Esto implica que los sentenciados podrán evitar la pena privativa de libertad (cárcel) únicamente si garantizan o cubren el pago total de la reparación del daño al Estado. De esta forma, la prioridad de la Fiscalía en este caso específico se centró en la recuperación de los activos sustraídos de las arcas nacionales más que en la reclusión de los implicados.

RLO