Francia legaliza la eutanasia tras el visto bueno del Consejo Constitucional
La nueva ley francesa reconoce el derecho a la “ayuda a morir” para pacientes con enfermedades graves e incurables bajo estrictas condiciones
El Consejo Constitucional, la máxima autoridad constitucional de Francia, validó la ley sobre el "fin de vida" que reconoce el derecho a la "ayuda a morir", una figura que combina elementos de eutanasia y suicidio asistido.
El texto fue publicado este miércoles en el Diario Oficial, paso indispensable antes de su entrada en vigor. Con esta legislación, Francia se suma al grupo de países como Países Bajos, Bélgica, Suiza y Canadá, que ya han legalizado esta práctica.
La norma había sido aprobada de forma definitiva el pasado 15 de julio por la Asamblea Nacional, y el viernes de la semana anterior el Consejo Constitucional dio su validación, aunque formuló algunas reservas sobre el texto. El presidente Emmanuel Macron, quien prometió esta ley en 2022, celebró la decisión; su oficina señaló que la norma ofrece una garantía esencial para los ciudadanos.
Requisitos y procedimiento para acceder al nuevo derecho
La legislación crea un derecho que debe ser ejercido por la propia persona interesada o, de manera excepcional, si esta se encuentra físicamente incapacitada, por un médico o un enfermero. Para poder solicitarlo, el paciente debe ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o residencia de larga duración en el país.
Solo pueden acogerse a la ley quienes padezcan enfermedades graves e incurables, con un pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal, y un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
Es necesario, además, que exista un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda aliviarse, o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o interrumpir un tratamiento. El sufrimiento puramente psicológico, sin una patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho.
El solicitante debe conservar plena capacidad de discernimiento y estar en condiciones de manifestar su voluntad de forma libre y consciente.
El proceso debe formalizarse por escrito ante un médico o enfermero y someterse a una evaluación colegiada. El profesional de salud dispone de un plazo de 15 días desde la solicitud para dar una respuesta motivada. Si la solicitud es aprobada, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.
El día del procedimiento, la persona debe administrarse ella misma la sustancia letal, salvo que su condición física se lo impida, caso en el que un profesional de la salud puede asistirla. El consentimiento puede retirarse en cualquier momento del proceso.