Las elecciones en Nicaragua son un fraude desde 2011; la visión de Tamara Dávila
La defensora de derechos humanos denunció que la prohibición electoral en Nicaragua legaliza una dictadura de facto
La activista, defensora de derechos humanos y excarcelada política Tamara Dávila hizo un llamado urgente al gobierno y al pueblo de México para que abandonen la postura de no intervención frente a la crisis que atraviesa Nicaragua, y condenen a las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras oficializarse la prohibición de la oposición en los procesos electorales.
El dato
Las letras, un oasis
· Dávila celebró la entrega del Premio FIL de Literatura a la escritora Gioconda Belli, destacando que su voz ayuda a desmontar narrativas sobre la naturaleza del régimen.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Dávila señaló que la decisión de la Asamblea Nacional nicaragüense no hace más que formalizar un control que ya existía en la práctica.
“Él está volviendo legal lo que ya de facto el pueblo nicaragüense está viviendo desde hace más de ocho años [...] Daniel Ortega tiene 20 años en el poder, ¡20! Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente americano y las elecciones sucesivamente desde el 2011 han sido elecciones fraudulentas”, afirmó.
Respecto a la postura de la administración mexicana, respaldada en el principio de autodeterminación de los pueblos para no emitir condenas públicas, Dávila confió en que el país cambie su posición en los foros internacionales.
“Nosotros esperamos que en esta reunión de cancilleres [...] México apoye la voluntad del pueblo soberano, que es salir de esta dictadura y que es condenar esa falta de libertades en Nicaragua [...] Lo que le estamos pidiendo al pueblo latinoamericano y a los países integrantes de la OEA es el apoyo de la comunidad internacional para debilitar a la dictadura y poder abrir una senda a la democracia”.
La activista expuso las condiciones extremas bajo las cuales vive la población en Nicaragua, donde la persecución ha escalado a la desaparición forzada de opositores.
“Más de 500 personas hemos sido desnacionalizadas [...] Es no poder vivir más en tu país, que tus propiedades sean confiscadas, que tu ahorro y tu pensión sean anuladas, que no seas atendido en el Ministerio de Salud y que tus hijos no puedan ir a la escuela”.