Condenan a mexicano en Estados Unidos por tráfico de migrantes
El acusado Saucedo y sus cómplices facilitaron el viaje de unos 200 extranjeros a quienes les cobraron entre 10 mil y 70 mil dólares por el traslado, alojamiento y cruce fronterizo ilegal a Estados Unidos.
El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó la condena que recibió el mexicano Raúl Saucedo-Huipio, por 87 meses de prisión, luego de demostrarse su responsabilidad en el tráfico de personas, desde distintos países del mundo hacia los Estados Unidos.
Agregó que este caso deriva del acuerdo con México para colaborar y llevar ante la justicia a presuntos delincuentes que operan en ambos lados de la frontera.
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Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y a desmantelar redes criminales que se benefician poniendo en riesgo a personas a través de continentes y fronteras. Un ciudadano mexicano fue sentenciado por su participación en una organización que trasladó a cientos de personas de África, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de múltiples países y hacia los Estados Unidos. Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los migrantes ilegales y el alcance global de estas redes criminales. A través de una sólida cooperación, estamos logrando que los traficantes de personas rindan cuentas ante la justicia”, afirmó el diplomático.
El caso
El mexicano Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años de edad y ex residente de Mexicali, Baja California fue condenado este lunes 15 de junio a 7 años y 2 meses de prisión por un juez de Arizona luego de demostrarse su participación dentro de una organización de tráfico de personas que operó durante varios años llevando a migrantes desde países como Bangladesh, Yemen, Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Rusia, hasta originarios de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Honduras a la frontera con los Estados Unidos.
Según la acusación, Raúl Saucedo y sus cómplices facilitaron el viaje de unos 200 extranjeros a quienes les cobraron entre 10 mil y 70 mil dólares por el traslado, alojamiento y cruce fronterizo ilegal, entre los años 2018 y 2022, tiempo en que incrementó el flujo de personas que ingresaron de forma ilegal a los Estados Unidos.
El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo.
“Esta organización criminal no solo transportaba inmigrantes ilegales a través de la frontera, sino que también les robaba y los dejaba en situaciones desesperadas. El tráfico de personas genera muchos problemas adicionales que, en última instancia, heredan las comunidades y los programas gubernamentales. Es peligroso y supone un gran gasto para nuestros recursos”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el mexicano coordinaba a través de otros cómplices la llegada de grupos de migrantes hasta las inmediaciones de la frontera donde de forma rustica los ayudaban a cruzar por medio de una escalera para trepar la valla de metal o les conducían por agujeros en el piso que libraba la misma cerca y les facilitaban una tabla para cruzar los ríos.
El agente especial a cargo Jason T. Stevens de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Arizona señaló que se demostró que Saucedo-Huipio supervisó directamente un caso de contrabando en el que tres niños pequeños tuvieron que cruzar con una tabla de madera colocada sobre un cuerpo de agua. Además de ayudar a los inmigrantes a cruzar la frontera, esta banda, también les robaba a los migrantes, dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, a menudo armados con pistolas y cuchillos.
“Los traficantes de personas violentos como Saucedo-Huipio utilizan la intimidación, la violencia y la coacción para lograr sus objetivos: obtener ganancias económicas sin importar el daño causado. Una de las muchas misiones de HSI es investigar las organizaciones de tráfico de personas para desmantelarlas y llevar a los responsables ante la justicia. La sentencia impuesta hoy no solo sirve como castigo, sino también como una oportunidad para que el delincuente reflexione sobre el daño causado a tantas personas. Saucedo-Huipio debe estar tras las rejas”, sostuvo el agente.
Arrestado tras solicitud de extradición
El Departamento de Justicia recordó que, en marzo de 2023, Raúl Saucedo-Huipio fue detenido junto a Ofelia Hernández-Salas de 63 años, líder de la organización, en la ciudad fronteriza de Mexicali por autoridades mexicanas y posteriormente extraditados en dos diferentes momentos a la Unión Americana para enfrentar los delitos de contrabando.
En diciembre de 2024, Hernández-Salas se declaró culpable de cargos de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos con fines comerciales o de lucro personal.
En mayo del año pasado fue sentenciada a 11 años de prisión, lo que derivó a que en marzo de este 2026, Saucedo-Huipio también se declarara culpable de conspiración para introducir personas extranjeras a territorio norteamericano y ayer lunes se dictara sentencia.
Al respecto, el Departamento de Justicia agradeció a las autoridades mexicanas, “quienes fueron fundamentales para la detención de Saucedo-Huipio, así como a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por hacer posible la extradición”.
El llamado Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), integrado por distintas agencias de seguridad y coordinado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es el encargado de combatir el tráfico y la trata de personas de alto impacto cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
Según su reporte, a la fecha su trabajo ha resultado en más de 458 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del contrabando y/o tráfico de personas; más de 408 condenas en los Estados Unidos y 357 penas de prisión significativas, además de la confiscación de bienes.