EU y su cacería de inmigrantes; a un año de la caravana

SAN DIEGO.

La caravana migrante que cruzó México hace exactamente un año para buscar asilo en Estados Unidos está varada en la frontera mexicana con posibilidades casi nulas de conseguir refugio.

De acuerdo con expertos, Estados Unidos mandó a la comunidad migrante que busca asilo a la frontera mexicana y les cierra cada vez más la puerta de oportunidad de entrar como refugiados.

De los más de 51 mil migrantes que EU envió este año a esperar en México sus procesos de asilo, sólo cuatro lo han conseguido y dos de ellos enfrentan apelaciones del gobierno estadunidense.

Únicamente 34 tienen representación legal, que es esencial para obtener asilo.

Peor aún, el gobierno de EU decidió que en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre reduciría el número de refugiados que aceptará, de 110 mil a 18 mil, y de ellos únicamente mil 500 de los países del triángulo del norte: Honduras, El Salvador y Guatemala.

Se calcula que el número de solicitantes de asilo que aguardan en la frontera con México podría llegar a 64 mil personas, de acuerdo con el doctor José María Ramos, investigador de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Los crecientes obstáculos al posible asilo “son un tema delicado porque forma parte de la estrategia del gobierno de EU de persuadir e impedir que los migrantes tengan esa opción”.

El estancamiento en la frontera se debe en parte a que la última de las caravanas ha sido la más criminalizada por parte de la administración de Donald Trump.

“Les sirvió para desplegar a lo largo de la frontera totalmente la agenda supremacista”, dijo a Excélsior el director del Comité de Servicios Amigos Americanos en la frontera, Pedro Ríos.

Días antes de que partiera la última caravana, circuló un volante en Honduras con invitación a sumarse para salir de San Pedro Sula. Aunque en la frontera mexicana con EU corrieron el rumor de que saldrían 15 mil personas, en realidad partieron casi 300.

Sin embargo, en el camino se sumaron grupos de hondureños y más adelante salvadoreños.

Nueve días antes de las elecciones intermedias, Trump declaró que un ejército de invasores se dirigía a la frontera a invadir EU. Al día siguiente, ordenó el despliegue de cinco mil 200 efectivos del ejército en la frontera.

Días después, la bancada republicana perdió la mayoría en la Cámara baja y, en la medida en que se alejaba la posibilidad de conseguir fondos para construir el muro fronterizo, el mandatario ordenó un despliegue, sin precedentes, de oficiales fronterizos fuertemente armados en las garitas a lo largo de la frontera con México.

Entre la elección el 6 de noviembre de 2018 y la toma de posesión del nuevo Congreso en la primera semana de enero, la administración Trump cubrió la frontera con alambres de púas y presencia militar.

“Miembros de pandillas y del crimen organizado”, “criminales de sangre fría”, condenaba el presidente.

El 25 de noviembre, desde Tijuana, un grupo de migrantes, hombres, madres con hijos, parejas, intentaba acercarse a la garita de El Chaparral, en Tijuana, para cruzar la frontera a entregarse y con ello iniciar solicitudes de asilo, cuando un contingente de oficiales federales mexicanos les impidió el paso.

Un grupo se escapó y cruzó la garita. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con equipo antimotines, lanzaron por primera vez a los migrantes gases lacrimógenos.

La garita más transitada en el mundo, San Ysidro, fue cerrada ese día más de ocho horas, causando pérdidas millonarias en ventas.

Hubo otro cierre parcial en año nuevo. Luego, el presidente optó por cerrar el gobierno para presionar por presupuesto para el muro, pero terminó por declarar “emergencia nacional por crisis de seguridad y humanitaria en la frontera”.

A finales de enero, la administración Trump anunció el programa unilateral Protocolos de Protección a Migrantes o MPP, también conocido como Permanecer en México, con el que gradualmente ha enviado a más de 50 mil personas a territorio mexicano.

Por la gatita de El Chaparral actualmente pasan entre diez y once personas por día, sin importar si diariamente llegan a acumularse más.

En dos ocasiones, Trump ha intentado bloquear por completo la opción de brindar asilo a quienes aguardan en la frontera. En julio pasado y luego en agosto, el gobierno estadunidense decidió que negaría asilo a quienes, para llegar a la frontera, no hubieran pedido antes refugio en otro país en el trayecto, con lo que dejaba fuera a todos los centroamericanos.

Tribunales federales suspendieron esa medida, lo mismo que la declaración de emergencia que hizo el presidente.

Pero el sistema de “metering” (cupo limitado en las garitas), de acuerdo con Pedro Ríos, hace que muchos migrantes se desesperen y regresen a sus lugares de origen.

Cruzar la frontera para entregarse y pedir asilo sería el procedimiento regular, pero la administración del presidente Trump criminalizó la entrada por terrenos fuera de la garita, lo que llevó a que la Patrulla Fronteriza informara al final del año fiscal anterior, en septiembre, que contabilizó “cerca de un millón de aprehensiones”, que incluyen a niños que se entregaban con sus padres.

Ríos advirtió que el discurso sistemático de criminalización contra los migrantes, con elementos de supremacismo blanco, llevó claramente a la matanza ocurrida en un Walmart de El Paso, Texas, en el que los migrantes ya no eran centroamericanos en busca de refugio, sino “una invasión” de mexicanos que pasaban a realizar compras.

Pero alertó que ese discurso ya no es distinto al de, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional que insta a defender ante migrantes que al querer cruzar territorio mexicano para solicitar asilo son vistos por los militares también como la administración Trump, como presuntos invasores que “vienen a pisotear” México.

“En realidad, no vienen con intención de pisotear México, es obvio que quieren llegar a la frontera norte de México a solicitar asilo”, dijo Ríos, al destacar que el presidente Trump felicita cada vez más a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por detener casi completamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

Pero, aunque México aceptó el programa MPP por razones humanitarias, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaron al gobierno de Trump por evadir responsabilidades y violar derechos internacionales al enviar a México a migrantes, que esa organización ha documentado que son víctimas de abuso mientras esperan en México.

La organización Human Rights First acaba de publicar un estudio que documenta hasta septiembre pasado 340 casos de violaciones sexuales, secuestros, torturas y ataques con violencia en territorio mexicano a migrantes integrados a “permanecer en México”.

El doctor Ramos, del Colef, considera que es una “situación delicada, porque EU sigue la estrategia de negar el asilo y los migrantes no quieren quedarse en México”.

“El gobierno de México debe entender que, aunque la estrategia de invertir para el desarrollo en Centroamérica es buena, sus alcances son a mediano y largo plazo, y mientras tanto la migración es una válvula de escape para los gobiernos centroamericanos”, dijo.

Consideró que a México convendría “avanzar con EU en una reforma migratoria, una colaboración en la que los migrantes vayan a trabajar a las 50 ciudades donde más encuentran trabajo, para una migración laboral” ordenada.

Son 50 ciudades a las que hoy acude 70% de los migrantes en busca de oportunidades laborales.

Ríos señaló que es buen momento para que el gobierno federal mexicano avance en un plan de ese tipo con la bancada demócrata en el Congreso.