Programas sociales, bajo control central; direcciones de Participación Ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana tiene el objetivo de controlar el padrón de beneficiarios de estos programas e incluso usarlo con fines electorales, de acuerdo con la oposición.

Se trata de la figura creada mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 16 de agosto, la cual se replicará en cada una de las 16 alcaldías para concentrar la información de programas de carácter social y supervisar la labor de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso).

Quieren ocupar todo el aparato del Estado para un fin político-electoral. A través de esta figura quieren centralizar el manejo de programas sociales y, por lo tanto, los recursos públicos, y lo tratan de usar con fines políticos”, dijo Diego Garrido, diputado local del PAN.

La diputada Nancy Núñez (Morena) defendió que estos funcionarios que comenzarán labores el próximo 1 de octubre “sólo tendrá(n) incidencia en el tema de los programas sociales de la Sibiso, pero no sobre los demás programas sociales de la alcaldía”.

Sin embargo, Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco, aseveró que “la mayoría de los programas sociales (que ejecutan las alcaldías) son de Sibiso: el de Comedores, el de Empoderamiento de Mujeres, el de Cuidadoras y Cuidadores, y otros más”.

Es obvio que la figura está creada para manejar los programas sociales, sus padrones y no compartir esa información con los alcaldes de la UNACDMX (Unión de Alcaldes de la Ciudad de México)”.

Detalló que, hasta ahora, “prácticamente todos los programas sociales de Sibiso se llevaban a través de la alcaldía y, por lo que veo, lo que pretenden ahora es que Sibiso ya no toque base con los alcaldes, sino que vayan directo de la Secretaría de Bienestar hacia los ciudadanos”.

Nancy Núñez defendió que ahora se llaman directores ejecutivos de Participación Ciudadana, pero que desde hace muchos años existía esa función en las alcaldías.

En enero de 2019 se llamaban Coordinaciones de Participación Ciudadana; son las encargadas de tener vinculación con la ciudadanía, de generar procesos de participación ciudadana”, dijo.

La morenista agregó que el decreto sólo implica dotarle a esas áreas de “responsabilidades más concretas; de hecho, con el tema de covid-19 esas áreas han hecho acciones de prevención, de captar los casos de diabetes y obesidad, promover activación física, buena alimentación. Son muy necesarios para que la población sepa cuáles son los programas sociales”.

En la sesión del pleno del Congreso del martes pasado, Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno local a que elimine esta figura y expresó, en entrevista con este diario, que se trata de una figura inconstitucional.

El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México establece que no habrá entre la jefa de Gobierno y las alcaldías una figura intermedia, por lo tanto es una figura inconstitucional. Además, en la publicación de la Gaceta Oficial no hay claridad de cómo va a actuar este nuevo funcionario, cómo se van a ejecutar los programas sociales, cuál va a ser su coordinación con el alcalde”, dijo Álvarez.

El punto de acuerdo de la legisladora fue rechazado tras obtener 27 votos a favor y 31 en contra.

Álvarez también señaló que en 2020 y 2021 las 16 alcaldías sufrieron una reducción de 8.6 por ciento de su presupuesto a causa de las consecuencias económicas de la pandemia y que ahora con los directores ejecutivos de Participación Ciudadana van a tener que gastar más en burocracia.

Eso implicará un gasto adicional de alrededor de un millón 140 mil pesos por alcaldía por ese salario, y un total de 18 millones 240 mil pesos para las 16 alcaldías.

Mientras que la gente en las alcaldías pide más recursos para alumbrado público, más policías, seguridad, tapar los baches, el gobierno local está imponiendo a un nuevo funcionario que va a ganar entre 75 y 95 mil pesos mensuales brutos”, detalló Álvarez.

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