Vivienda en el DF: Invi ayuda sólo a grupos de presión

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo.- Marchas, plantones y cierres de calles son los medios que utilizan organizaciones sociales, la mayoría ligadas a partidos o líderes políticos, para gestionar departamentos del Instituto de Vivienda (Invi) y lograr atención y respuesta de las autoridades para agilizar la construcción y entrega de sus inmuebles.

Bajo el lema “vivienda pagada, no regalada, pero a precios accesibles”, grupos como Movimiento Urbano Popular (MUP) Barzón DF, Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, Antorcha Campesina, entre otros, encabezan movilizaciones periódicas que terminan, casi siempre, en la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades.

“Para que nos vean y nos escuchen tenemos que tomar las calles, tenemos que hacer uso de la manifestación pública. No es suficiente que haga un escrito y le pida al gobierno la compra de un predio, simplemente lo archivan o quién sabe a dónde llegue el expediente, jamás me van a hablar, tengo que presionar para instalar una mesa de trabajo con el gobierno”, reveló a Excélsior Jaime García, uno de los líderes del MUP.

Este rotativo dio a conocer que las leyes federal y local de vivienda no han cambiado en décadas, además de que las políticas de desarrollo urbano no promueven la redensificación de las ciudades con la construcción de edificios de departamentos de más de 15 niveles, como aconsejan expertos.

También, que ni la anterior legislatura ni la actual han sacado adelante una iniciativa de Ley de Vivienda a pesar del boom inmobiliario en la ciudad y de los abusos cometidos al amparo de la Norma 26, que promovía en el papel la edificación de casas de interés social y actualmente está suspendida.

Así, ante la falta de vivienda a precios accesibles en la ciudad, muchas familias se han afiliado a organizaciones sociales para conseguir apoyos gubernamentales.

Éstas se encargan de realizar los trámites tanto de los interesados como algunos que le corresponden al propio Invi para que los inmuebles se hagan realidad.

La cooperación que deben entregar sus afiliados va de 35 hasta 200 pesos semanales, con los que se producen materiales de difusión y honorarios del personal que apoya en los trámites, aunque no hay transparencia en su uso.

Al cabo de cinco o seis años, los afiliados consiguen sus hogares, en comparación con los que intentan obtener un crédito del Invi de manera independiente, quienes deben ingresar a una lista de espera de más de 50 mil personas y con un tiempo de respuesta promedio de diez años.

“Ese proceso, ese desgaste del conjunto de procesos, no lo soporta una persona de manera individual, tiene que ser efecto del trabajo y el esfuerzo de la colectividad, de lo contrario no hay condiciones”, señaló.

Las organizaciones sociales han cobrado relevancia al ser más eficientes que la propia autoridad, pese a los señalamientos por lucro y el condicionamiento del derecho a la vivienda, a cambio del apoyo a un partido político.

“Hay líderes que han hecho mal uso del derecho a la vivienda y han convertido esa lucha social en negocios personales y familiares, con el pretexto de que son organizaciones y grupos colectivos que negocian con el Invi”, sostuvo García.

Por otra parte, un líder del Frente Popular Francisco Villa entrevistado reconoció que la vía más fácil para conseguir departamento del Invi es agremiarse al movimiento y pagar cuotas.

Esta organización social buscará apropiarse de un predio que ya no tenga dueños o título de propiedad, llegando incluso a invadir zonas de protección ambiental o ejidos, obligando a los propietarios a ceder sus terrenos o a venderlos prematuramente ante el riesgo de perderlos.

Luego se inician los trámites de regularización y expropiación a su favor, lo que puede durar tres años. Luego, se realiza el proyecto ejecutivo de vivienda y el padrón donde se da de alta a los beneficiarios a través de un fideicomiso, además de que deben cubrir un enganche de ocho o diez mil pesos.

Durante la construcción, que puede durar dos años más, los interesados seguirán cubriendo cuotas semanales y una vez entregada la vivienda, mensualidades aproximadas de tres mil pesos.

Además, en todo el proceso los agremiados a estos grupos también deben cumplir su cuota de clientela política al asistir a eventos políticos que su dirigencia les indique, de acuerdo a los intereses que tenga la organización.

Repercusión social

Ignacio Cabrera Fernández, arquitecto y maestro en Urbanización por la Universidad de Georgia, apunta que tras los sismos de 1985:

La demanda de restitución de vivienda sumó a numerosos y diversos grupos demandantes a las filas de este movimiento emergente de solicitantes de vivienda, agudizando las tensiones en torno a la escasez de financiamiento público para la vivienda popular y la ausencia de una política estatal en materia de suelo urbano para la vivienda.

En los inicios del Programa de Renovación Habitacional, el financiamiento viene de donantes internacionales que entregan el recurso directamente a las distintas organizaciones sociales, que a su vez refuerzan la idea y su condición de ser independientes y plantean la opción del fondo revolvente, es decir, un crédito blando para crear un fondo y seguir construyendo vivienda, cosa que prácticamente no ocurrió.

Para 1987 cuando el programa vislumbra su término, inicia la presión para que las familias cuyas viviendas también habían sido dañadas, sean atendidas, logrando a través de la movilización-gestión la creación del Organismo Fase II que ya no trabajaría sobre suelo expropiado, sino promovería la compra de suelo e inmuebles, con lo cual la atención se vuelve lenta y desesperante para los damnificados.

En la algidez del momento, aparece una organización que desarrolla formas de comunicación y actividades novedosas y creativas que logra penetrar en el ánimo de la gente: Asamblea de Barrios, y al mismo tiempo, inicia el ocaso de la Coordinadora Única de Damnificados. La organización naciente crea un personaje vestido como luchador: Súper Barrio.