Sicarios desechables, autores intocables

La noticia de ayer llegó con un nudo en la garganta: en Michoacán se anunció la identificación del autor material que ejecutó a tiros a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y la detención de presuntos implicados. Tenía 17 años. Cayó abatido por un escolta en el lugar del ataque. Eso es lo factual. Lo insoportable es todo lo demás: plazas públicas llenas, tiros a quemarropa y una investigación que, por diseño, suele atorarse en el último eslabón de la cadena.

No es una película: es el “nuevo” manual de la impunidad mexicana. Cuando el ejecutor muere, el hilo se corta donde más conviene. Reclutar menores es barato, eficaz y cruel; si viven, su testimonio rara vez sube hasta los autores intelectuales; si mueren, la justicia queda huérfana. La ciudad sigue de pie, sí, pero la silla del presidente municipal queda vacía por decisión de un poder que no compite: suplantó al Estado.

Ahí entra la confesión de El Bart, el sicario que intentó asesinar a Ciro Gómez Leyva y que habló con Saskia Niño de Rivera. No por morbo, sino porque ahí está el diagrama de flujo de cómo se contrata la muerte para que la luz jamás alcance el piso de arriba. La historia es sencilla y perversa: el autor intelectual nunca toca al tirador; un intermediario arma la operación, reparte órdenes y pagos; la comunicación salta entre apps encriptadas y chips desechables; la logística se ejecuta en “casas seguras”; y la evidencia, cuando estorba, se destruye de manera literal y grotesca. Si cae alguien, cae el último de la fila. ¿Les suena? Debería. No es excepción: es estándar.

El Estado corre detrás, exhibe al eslabón más frágil y presume capturas que no despejan la pregunta esencial: ¿quién ordenó matar? Sin esa respuesta, todo lo demás es trámite. Decir “se hizo justicia” porque hay detenidos es autoengaño burocrático; justicia será el día en que el expediente llegue a quienes pagan, deciden y protegen, y el negocio de contratar muerte deje de ser más rentable que el costo de ser descubierto.

También es un mensaje político. Si un alcalde que pidió ayuda contra el crimen es asesinado en una plaza abarrotada y el autor material es un adolescente, todos los alcaldes del país reciben la orden tácita: “No te metas”. Y los cárteles reciben otra más cínica: “Sigue así, el diseño te protege”. Romper ese guion exige investigaciones que trepen —no que retrocedan—: seguir dinero y comunicaciones hasta la autoría intelectual y medir eficacia no por números de capturas, sino por vínculos demostrados con quienes encargan el crimen. Exige proteger de verdad a quienes todavía respiran —alcaldes, jueces, periodistas—, no escoltas para la foto. Y exige algo que parece obvio, pero nunca ocurre: que reclutar a un menor deje de salir gratis.

El caso Manzo y la entrevista de El Bart cuentan la misma historia con distinto escenario: un país donde matar se terceriza y la responsabilidad se va diluyendo escalón por escalón. La columna vertebral de la democracia —los municipios— no aguanta otro ciclo de gatilleros muertos, viudas jurando el cargo y expedientes sin cabeza. No necesitamos otra estadística: necesitamos, por fin, nombres propios en la cima.