Este domingo por la tarde, seis jóvenes salieron de las instalaciones de Canal Once después de dos meses y medio. La escena, contada así, casi parece un desenlace ordinario. No lo es. Lo que ocurrió el 2 de agosto en el Casco de Santo Tomás cierra un episodio que puso a prueba nociones fundamentales de la vida pública mexicana: qué son los medios públicos, quiénes son sus dueños, hasta dónde llega el derecho a la protesta y dónde empieza la afectación del patrimonio común.
La toma comenzó el 21 de mayo. Estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional, vinculados al movimiento surgido en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ocuparon las instalaciones de Canal Once con un pliego petitorio que en muchos puntos era legítimo. Exigían mayor presupuesto para el Politécnico, transparencia en el uso de los recursos, auditorías al Patronato Corazón Guinda y Blanco, cambios en los órganos de gobierno de la institución, medidas contra grupos de choque, mayor estabilidad para el personal docente y la destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval. Ninguna de esas demandas tenía por interlocutor a Canal Once. Todas tenían por escenario, sin embargo, sus instalaciones. Ahí está el nudo. Un medio público, cuyo mandato es servir a la audiencia con contenidos informativos, educativos y culturales, terminó tomado como herramienta de presión para exigir cambios que competen a otra dependencia. La lógica del movimiento es entendible desde adentro: ocupar un espacio de alta visibilidad multiplica la atención mediática y presiona al gobierno. La lógica desde afuera es distinta. Durante dos meses y medio, un canal financiado con recursos públicos operó a 90% de su capacidad desde sedes alternas, sus trabajadores fueron desplazados de sus oficinas y su acervo audiovisual quedó fuera del alcance de los especialistas que lo cuidan.
Ese acervo no es un tecnicismo. La videoteca histórica de Canal Once resguarda documentales, entrevistas, ficciones y registros culturales que forman parte de la memoria del país. Durante las semanas de ocupación el propio canal advirtió repetidamente que la interrupción de las labores de mantenimiento representaba un riesgo para los sistemas de telecomunicaciones y para el patrimonio audiovisual bajo su resguardo. Que las autoridades hayan anunciado la apertura de carpetas de investigación por daños visibles indica que la preocupación era fundada. Se dañó, entonces, algo que ni siquiera pertenecía a los que ocuparon ni a los que gobiernan: pertenecía a todos. La recuperación de las instalaciones ocurrió, según la versión oficial, de manera pacífica. La directora del canal, Renata Turrent, encabezó el proceso junto con los trabajadores. Los seis jóvenes que permanecían dentro fueron, en palabras del titular de Educación Pública, Mario Delgado, invitados a salir. Los estudiantes, por su parte, denunciaron en redes sociales que el desalojo fue violento. Esa versión también merece revisión imparcial. Un país que dice creer en el diálogo no puede darse el lujo de aceptar sin verificar una versión oficial ni descartar sin verificar una versión disidente.
Quedan preguntas incómodas para todos los actores. Para el IPN: cómo se llegó a un punto en el que un sector significativo de su comunidad optó por la toma prolongada como vía de expresión, y qué respuestas se han dado desde la dirección general a demandas que llevan años acumulándose. Para el gobierno federal: por qué la solución tardó dos meses y medio en concretarse cuando el patrimonio en riesgo era identificable desde el primer día. Para los estudiantes: si el saldo político del movimiento justifica el costo pagado por una televisora que, en principio, también les pertenece a ellos. Y para la sociedad en general: cuánto de nuestro debate público estamos dispuestos a que se resuelva por vía de la toma de instalaciones antes que por vía de la deliberación institucional.
Canal Once volvió a operar desde su sede. Las mesas de diálogo con las autoridades del Politécnico continuarán en los próximos días. El pliego petitorio, o buena parte de éste, sigue pendiente. Lo único que quedó resuelto, por ahora, es lo más elemental: un medio de comunicación público recuperó las llaves de su propia casa. En condiciones normales, eso ni siquiera sería noticia. Éstas no son condiciones normales, y hay que decirlo.