Los griegos llamaban kakourgo al malhechor, al que obra el mal. Me sirve para nombrar un régimen cada vez más común en las democracias de este siglo, primo de la kakistocracia, pero con otra lógica. La kakistocracia es el gobierno de los peores. La kakurgocracia es aquella en la que cada bando jura, todos los días y ante quien quiera oírlo, que los de enfrente son una banda de delincuentes. Da igual si gobierna la izquierda o la derecha. El criminal siempre es el otro.
Basta repasar el mapa. En Estados Unidos despacha un presidente con 34 condenas por falsificar registros contables, cuyo Departamento de Justicia acusó a James Comey y a Letitia James, hasta que un juez tiró ambos casos. En Brasil, Bolsonaro fue condenado a 27 años por conspirar para un golpe de Estado y su base habla de persecución, la misma que nunca dejó de llamar ladrón a Lula. Cristina Fernández cumple prisión domiciliaria, mientras el kirchnerismo carga contra Milei por $LIBRA y los audios de sobornos en la agencia de discapacidad. En Turquía, İmamoğlu, el único rival capaz de ganarle a Erdogan, fue a dar a la cárcel. Petro acusa a la oposición de pactar con mafias, la oposición le devuelve la acusación y Washington lo metió en la lista de la OFAC. En el debate presidencial peruano, un candidato abrió llamando a Keiko Fujimori representante de las organizaciones criminales.
México no mira desde la tribuna. Morena llama narcopolíticos al PRIAN. La oposición le devuelve el insulto y ahora le añade el huachicol fiscal, con La Barredora y con la acusación de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros personajes desvisados. Cada señalamiento llena titulares y casi ninguno termina en una sentencia que cierre la discusión.
Y ése es el nudo. En una kakurgocracia la acusación pierde su función, que era separar al culpable del inocente. Si todos son delincuentes a ojos del contrario, la palabra criminal se vuelve un insulto más, y el señalado ya no le responde a la ley, sino a su gente. Las bases funcionan como un fuero no escrito. Si llega una investigación, es persecución. Si llega una sentencia, es lawfare. Si no llega nada, eso prueba la inocencia. Lo incómodo es que muchas de esas acusaciones son ciertas, pero el ruido impide distinguir las fundadas de las inventadas, y con esa distinción se va el castigo.
Los gobiernos creen que pueden administrar el desgaste. Funciona un rato. En 2025, Nepal, Madagascar y Bulgaria vieron caer gobiernos a manos de la calle. Esta semana le tocó a media Europa. Francia suma más de 2,500 personas bajo custodia desde el sábado, casi mil agentes heridos, unos 3,000 comercios saqueados o dañados y toque de queda en zonas de París, Lille y Lyon; el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia y Macron no se la aceptó. En Milán, una marcha contra la carestía terminó con pedradas frente al Duomo y 50 detenidos, y hubo choques en Bolonia y Turín. En Bruselas destrozaron la sede del Partido Socialista. En Madrid, la policía cargó contra estudiantes en la Complutense el primer día de la huelga indefinida de maestros.
Lo revelador fue la respuesta. Marine Le Pen acusó a la izquierda radical de secuestrar las demandas sociales y Mélenchon culpó a la estrategia policial del gobierno. Giorgia Meloni exigió a la oposición condenar la violencia sin ambigüedades. El ministro belga del Interior habló de violencia organizada para desestabilizar el país. La consejera de Educación de Ayuso llamó electoralista a la huelga. Trump, desde Washington, le echó la culpa a la inmigración. Pablo Lemus responsabilizó a grupos violentos y al presupuesto federal, mientras la CNDH abría expediente por posibles detenciones arbitrarias en la primera marcha tapatía; el IMSS a un sindicato insaciable. En ninguna capital alguien se preguntó en voz alta qué parte le tocaba. La respuesta termina siendo solamente la de la criminalización no de los posibles criminales, sino de los ciudadanos que protestan.
Y es que ninguna de esas protestas ha salido contra los kakurgos en abstracto. Salieron por el precio del combustible, por los salarios, por las aulas, por el agua, por las medicinas. Pero todas comparten la certeza de que nadie paga. Y esa certeza es el producto más acabado de la kakurgocracia.
Pero no hay valla ni toque de queda que la contenga por mucho tiempo. Cuando la calle se harta, deja de preguntar quién empezó y quién robó primero. Ya no distingue entre izquierdas y derechas. Se lleva al kakurgo que, en ese momento, esté sentado en la silla.