Salomón Jara Cruz acaba de protagonizar una de las paradojas políticas más reveladoras de la Cuarta Transformación: perdió en su propia casilla (375 votos contra 182), pero “ganó” una consulta de revocación de mandato que apenas alcanzó 29.9% de participación ciudadana. El problema no es sólo que el resultado carezca de efectos vinculantes por no llegar al 40% requerido por ley. El verdadero problema es que este ejercicio democrático —el primero de su tipo a nivel subnacional en México— evidencia la trampa letal que significa para Morena heredar los caprichos plebiscitarios de López Obrador.
Los números oficiales: 550 mil 274 votos por la continuidad, 357 mil 025 por la revocación. Pero detrás del triunfalismo se esconde una jornada que registró más de 491 “incidentes” —eufemismo para describir un desastre operativo y ético—. “Embarazo de urnas” con boletas marcadas a favor de Jara en Santa María Zaniza, quema de material electoral, robo de 500 boletas en San Martín Mexicapam, retención de funcionarios electorales, coacción del voto documentada con fotografías, acarreo en mototaxis, entrega de mantas propagandísticas a cambio de votos. La Fiscalía abrió cuatro carpetas de investigación. La CNTE llamó al ejercicio “una farsa política”. El Partido del Trabajo —aliado nominal de la 4T— anunció que impugnará el proceso.
¿Y el IEEPCO? El organismo electoral minimizó sistemáticamente cada irregularidad, catalogándolas como “contratiempos operativos menores”. Cuando su presidenta admite públicamente casos de “embarazo de urnas” y retención de funcionarios, pero los presenta como incidencias sin mayor impacto, está confesando su propia incapacidad institucional. Un proceso con más de 491 irregularidades documentadas no es un ejercicio exitoso; es la prueba de que el sistema falló.
La ironía más punzante: esta debacle no es producto del sabotaje opositor, sino de la lealtad servil y acrítica de Morena a una de las herencias más tóxicas de AMLO. La revocación de mandato fue desde su origen un instrumento de legitimación personalista, teatro político para fortalecer el carisma presidencial (17.7% de participación en 2022, que López Obrador celebró como “victoria democrática”). El ejercicio nunca tuvo vocación de rendición de cuentas real.
Oaxaca demuestra por qué estas consultas son trampas envenenadas. El PT oaxaqueño —hace apenas unos años aliado incondicional de la 4T— hoy acusa a Jara de traicionar los principios del movimiento y documenta cómo el aparato estatal se volcó para garantizar el resultado deseado. Las diputadas federales petistas llegaron a señalar que “el gobierno está invirtiendo millones de pesos para esta farsa política”. No son panistas ni priistas haciendo oposición; son militantes de la propia coalición gobernante denunciando que el ejercicio fue cooptado.
Y ahí está el balazo en el pie: la 4T intenta ser “fiel” a las ocurrencias institucionales de AMLO sin reconocer que algunas herencias están envenenadas desde el origen. Lo que vimos en Oaxaca fue el uso sistemático del Estado para manipular una consulta, la complicidad de un organismo electoral que renunció a su responsabilidad fiscalizadora y la legitimación institucional de prácticas antidemocráticas bajo la fachada de participación ciudadana. El propio gobernador perdió en su casilla (donde la gente lo conoce de cerca), pero ganó en el agregado estatal (donde operó la maquinaria). Eso no es democracia; es clientelismo institucionalizado.
La conclusión es inevitable: cuando el ejercicio genera fracturas dentro de la propia coalición gobernante, cuando aliados históricos como el PT terminan impugnando y denunciando irregularidades, cuando 357 mil 025 ciudadanos salen a votar por la salida del gobernador a pesar del acarreo oficial, el mensaje es claro: esto no está funcionando.
Oaxaca debería ser una lección para Morena: no todo lo que AMLO inventó merece ser preservado como dogma. Seguir defendiendo estos ejercicios por lealtad ideológica es dispararse en el pie. Pero eso requeriría algo que parece escasear en Palacio Nacional: capacidad autocrítica. Mientras tanto, el IEEPCO seguirá llamando “incidentes menores” a lo que cualquier observador honesto identificaría como fraude sistémico. Y la revocación de mandato seguirá siendo lo que siempre fue: teatro político con presupuesto público.