En cuatro días cayeron dos hombres en el mismo municipio de Jalisco. El viernes fue Miguel Ángel Solano, El Comandante Sol, excapitán de corbeta señalado en una red de huachicol fiscal dentro de la Marina. El lunes, fuerzas especiales del Ejército y el grupo de operaciones de la SSPC detuvieron a Iván Cazarín Molina, El Tanque, presunto operador regional del CJNG en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Se puede discutir mucho sobre la seguridad en este país, pero no que estas detenciones eran difíciles y que alguien las trabajó.
El nombre de El Tanque ya circulaba, y no sólo por su prontuario. Latinus difundió audios en los que Luis Alberto Olán, hermano del empresario Amílcar Olán, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, presume conocer a El Tanque y atribuye a esa cercanía que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto en el sur de Veracruz. Amílcar describe a su hermano así: “Todos son sus brothers”. El balasto es el material de las obras del Tren Maya y del Interoceánico. Los audios son atribuidos, nadie ha sido sentenciado y la presunción de inocencia aplica para todos. Pero tampoco son un rumor. Los dos casos se parecen más de lo que aparentan. A El Tanque se le atribuye una red de extracción clandestina en ductos de Pemex, y en septiembre de 2024 la OFAC lo sancionó junto con familiares y 11 empresas gasolineras de Veracruz. El Comandante Sol, tras más de un año de trabajo de inteligencia naval, quedó en prisión preventiva oficiosa en el Altiplano por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos; se le atribuye influencia en la Agencia Nacional de Aduanas y un caso de más de nueve mil millones de pesos. Uno saca el combustible por el ducto y el otro lo mete por la aduana. Es el mismo negocio visto desde dos puertas, y ambas rozan a Andy: una por los audios de los Olán, la otra porque, según The New York Times, abogados de marinos procesados dicen que las referencias del expediente apuntan a él.
Hay que reconocerle a Omar García Harfuch el método. En un país donde la palabra coordinación suele quedarse en el oficio, aquí, Defensa, Marina, Guardia Nacional, SSPC y Fiscalía operaron como un solo equipo en dos casos con perfiles distintos. Las capturas no fueron un golpe de suerte: una requirió más de un año de seguimiento hasta el círculo más cercano del detenido, y la otra puso a disposición de la FEMDO a un operador que Washington había sancionado hace dos años. Eso es oficio y conviene decirlo cuando sale bien.
Además, estas capturas cambian quién cuenta la historia. En las últimas semanas, el expediente de Andy lo escribía Washington: The New York Times informó que dos agencias de seguridad estadunidenses examinan señalamientos contra él, y Estados Unidos le revocó la visa en agosto. Cuando México detiene a los operadores y los presenta ante un juez, deja de mirar desde la banca una investigación ajena y empieza a conducir la propia. Quien tiene al detenido tiene el expediente, y quien tiene el expediente marca el ritmo. Pero aquí está el nudo. La fiscal Ernestina Godoy dijo hace unas semanas que la FGR no investiga a Andy López Beltrán y que no existe orden de aprehensión contra Amílcar Olán. Este martes, en el Senado, el secretario de Hacienda reconoció que tampoco hay una investigación vigente de la Fiscalía sobre ellos. En agosto, la FGR había explicado que no tenía datos de prueba con fuerza legal para abrir una indagatoria. Ese argumento aguanta cada vez menos: hay audios públicos, un detenido mencionado en ellos, una Presidenta que ya dijo que la Fiscalía debe investigar si hay pruebas y senadores que llevan el caso a la tribuna.
Si la FGR no abre una investigación sobre los escándalos a los que aparecen ligados Amílcar y, probablemente, Andy, estas capturas se leerán como lo que muchos ya sospechan: cae el operador y se protege el apellido. Ante la opinión pública mexicana eso le quitaría mérito a un importante operativo. Ante las autoridades estadunidenses es peor, porque ellas ya están viendo el caso y no necesitan que nadie les explique quién aparece en cada audio. Abrir una carpeta no es condenar a nadie. Es la única manera de que Andy y Amílcar, si son inocentes, lo demuestren en un expediente y no en un desmentido. La FGR tiene un detenido nuevo, audios que llevan semanas circulando y una Presidenta que ya dijo lo que correspondía. Falta abrir la carpeta.