Las cadenas se rompen siempre por el eslabón más débil. Las cadenas de la corrupción, como se ha visto en Sinaloa durante la última semana, terminan quebrándose de la misma forma. El error más grave de la administración federal, tras las acusaciones del gobierno norteamericano en contra del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios, fue no haberlos detenido de inmediato.
La Presidenta no respondió de acuerdo a los tratados internacionales, sino que contestó como lo hubiera esperado su predecesor. Pruebas contundentes, exigió con firmeza desde que llegó la solicitud de extradición en contra del amigo personal del expresidente López Obrador, a quien acompañaba en sus visitas a Badiraguato: los pactos de aquellos tiempos se tradujeron en la —hoy tristemente famosa— política pública de abrazos en vez de balazos, al tiempo que las provocaciones al gobierno norteamericano por parte del exmandatario se incrementaban, tomando ventaja de la tibieza de su contraparte y su capacidad cognitiva menguante. “Lo que diga mi dedito”, repetía en los tiempos lejanos en que se sentía omnipotente.
La relación bilateral cambió por completo tras la llegada del segundo mandato de Donald Trump y, sobre todo, con el arribo de los nuevos halcones que hoy le acompañan. El gobierno norteamericano necesita de un triunfo contundente, y a diferencia de lo ocurrido en Irán, o Venezuela, esta vez parece planearlo a detalle. La solicitud de detención de Rubén Rocha Moya y los demás funcionarios no fue sino un aviso, a semejanza de los misiles con poca carga explosiva que en Oriente Medio se disparan como una advertencia a los ocupantes de los edificios antes de su destrucción total; el aviso fue escuchado por quienes supieron hacerlo, y el gobierno norteamericano —al día de hoy— cuenta con todos los elementos necesarios para pulverizar, si así lo quisiera, al movimiento obradorista y al gobierno que lo representa. El poder de negociación de los gringos, justo antes de la renegociación del tratado de libre comercio, es simplemente abrumador.
Las cadenas de la corrupción se rompen por el eslabón más débil. De los diez que ella tenía nada más le quedan ocho, como dice la canción infantil que todos hemos recordado en los últimos días. El riesgo para la administración es inmenso, toda vez que quienes se entregaron son también, por la naturaleza de su cargo, los mismos cuyo testimonio podría resultar más peligroso para el gobierno en funciones. Los gringos tienen a los narcos, a los funcionarios y a los aliados internacionales de los delincuentes, a quienes ahora escucha cantar en el mismo tono: las acusaciones que vendrán, tarde o temprano, terminarán por restar cualquier resquicio de legitimidad a lo que ahora se denomina como Cuarta Transformación Nacional, pero que, en realidad, no ha sido más que una maquinaria de pactos y prebendas diseñada para apoderarse del poder y conservarlo a toda costa. Pactando, incluso, con quien sea necesario.
Las evidencias están ahí, desde hace años. Desde el 2018, por decir lo menos. “No hay duda de que narcotraficantes y funcionarios de alto rango en México han estado en la cama desde hace mucho tiempo”, declaró en días pasados Terrance Cole, director de la DEA. “Esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, afirmó quien, para entonces, ya tenía en su poder al exsecretario de Seguridad de Sinaloa sin el conocimiento del gobierno mexicano que se seguía desgañitando en la exigencia de pruebas contundentes. Pruebas que, para su desgracia, podrían estar a punto de salir a la luz.
“Tenemos el himno nacional para defendernos”, aseguró la Presidenta apelando a la unidad ante un supuesto extraño enemigo; muy pocos mexicanos, sin embargo, estarían dispuestos a sacrificar algo más que un like en redes sociales para impedir la captura de Rocha Moya y sus secuaces. La solicitud de detención no fue sino el misil que pone sobre aviso: la ofensiva real, ya se verá esta semana, apenas está comenzando.