*La captura de Nicolás Maduro había sido espectacular, pero no fue suficiente para desviar la atención de los problemas internos en los EEUU.
“Tenemos que ganar las elecciones intermedias”, advirtió Donald Trump a los legisladores republicanos el pasado 6 de enero. “Si no lo hacemos, van a encontrar una razón para juzgarme”, les aseguró. “Voy a ser procesado”, dijo desde el Kennedy Center for the Performing Arts, que ahora además lleva su nombre.
La captura de Nicolás Maduro había sido espectacular, pero no fue suficiente para desviar la atención de los problemas internos en los EEUU: la economía no repunta como se prometió en campaña, pero, sobre todo, el escándalo alrededor del caso Epstein ha seguido en el centro de la atención pública tras la liberación, hace unas semanas, de sólo una fracción de los documentos que podrían implicar al presidente en la trama más turbia de la historia norteamericana reciente. El poderío militar estadounidense se probó de sobra en Venezuela, aunque el mandatario sigue estando en problemas: problemas serios, que hacen necesarios distractores más poderosos.
“El presidente considera que los EEUU necesitan control sobre Groenlandia por razones de seguridad a largo plazo”, aseguraron portavoces de la Casa Blanca el mismo 6 de enero, un poco más tarde. “Estamos evaluando opciones de compra, pero no se descartan opciones militares”, advirtieron ante el azoro de la comunidad internacional que anticipaba el riesgo que tales declaraciones suponían para los equilibrios globales logrados tras la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría. La conversación sobre el caso Epstein no disminuyó, sin embargo, y al día siguiente —7 de enero— el gobierno norteamericano anunciaría la salida de su país de 66 organizaciones internacionales.
“Sin un proceso independiente, no creemos que el Departamento de Justicia libere los archivos necesarios”, aseguró una comisión bipartidista el 8 de enero, al tiempo que proponía el nombramiento de un experto neutral —un special master— así como de un monitor independiente para supervisar la liberación pública de los archivos. El debate sobre los siguientes objetivos militares del ejército norteamericano ocuparía el espacio de los principales medios de comunicación afines al régimen trumpista; el 12 de enero la atención pública trataría de desviarse hacia la posible imputación de Jerome Powell, titular de la Reserva Federal, por una supuesta malversación de fondos en la renovación de un edificio. En aquellos momentos, la liberación de los archivos Epstein se habían convertido en un caso debidamente judicializado, fuera del control del presidente.
El 14 de enero las encuestas revelarían el bajo apoyo del electorado a la adquisición de Groenlandia por vías militares o pacíficas; la Suprema Corte mantendría en vilo la resolución sobre la legalidad de los aranceles trumpistas, y la violencia policial continuaría escalando en Minnesota hasta llegar a la amenaza presidencial sobre invocar la Insurrection Act y la preparación de 1,500 soldados para un posible despliegue contra la población civil norteamericana. La visita de un enviado especial a Groenlandia se anunció para el mes de marzo, manteniendo el tema vivo, y la presión sobre México y otros países se incrementaría tras el aviso de la FAA sobre riesgos en el espacio aéreo regional por la posibilidad de actividades militares e interferencias en los sistemas de navegación. El 17 de enero el Departamento de Justicia pediría al juez negar la solicitud de un special master para el caso Epstein, y el presidente norteamericano amenazó con aranceles adicionales a sus antiguos aliados europeos que pretendan interferir con sus planes para Groenlandia. Ruido que, en realidad, no tiene sino una causa.
“Tenemos que ganar las elecciones intermedias”, advirtió el presidente Trump en días pasados. “Si no lo hacemos, van a encontrar una razón para juzgarme”, aseguró mientras planeaba el caos internacional que vivimos en estos momentos. La justicia —parece entender por fin— podría alcanzarlo muy pronto.