La podredumbre de los partidos

Algo parece estar muy podrido al interior de los partidos políticos. Por un lado, quien hasta hace unos cuantos años fue presidente del PRI ha sido puesto en libertad provisional, pero no sin antes haberse difundido la especie de su presunta conexión con uno de los grupos criminales más violentos del país. Por otro, la situación de ingobernabilidad en los territorios tradicionalmente perredistas se complica cada vez más, demostrando que Iguala no era sino la punta de un iceberg cuyas dimensiones reales nadie adivina; por otro más, ahora resulta que nadie sabe de dónde apareció la diputada panista que visitaba en presidio, bajo una identidad falsa, al narcotraficante supuestamente más vigilado del mundo.

Es difícil saber hasta dónde han llegado los tentáculos del crimen organizado dentro del sistema político, pero no es difícil intuirlo. La reciedumbre con la que algunos alcaldes se oponen a implantar el Mando Único despierta las sospechas, como también las despiertan los pobres resultados en la lucha policiaca en algunas regiones determinadas. Parece que jugamos a un juego en el que lo que importa es mantener las condiciones actuales, continuar con un statu quo perverso y que sangra a nuestro país con vidas y con recursos: no sólo se trata de la cantidad inaceptable de fallecidos y de los abusos terribles a los derechos humanos, sino que el vendaval financiero que estamos viviendo tendría dimensiones distintas de prevalecer el Estado de derecho en todo el territorio nacional.

Pero no es así. La corrupción y la falta de Estado de derecho se viven en todos los estados, sin distinción alguna: la incidencia delictiva parece obedecer más a los acuerdos logrados entre delincuentes y gobiernos que a las acciones efectivas de estos últimos para disminuir los efectos negativos de un tráfico de estupefacientes imposible de detener. Las autoridades se ven obligadas a pactar para sobrevivir, ante una amenaza que es tan real como que la alcaldesa de Temixco sucumbió ante las balas sin haber cumplido ni siquiera un día en el cargo.

Es imposible seguir así. Hoy, que están sobre la mesa los intríngulis de las alianzas entre partidos, y se definen los términos en que habrán de competir en el proceso que está por iniciar, es urgente que los partidos se hagan responsables de la probidad de sus candidatos: es lo menos que nos pueden ofrecer. Es de sentido común hacer una segunda revisión al perfil de quienes aspiran a algún cargo de elección popular: no sólo en los estados en los que el riesgo de infiltración del crimen organizado es mayor, sino también para encontrar a tiempo los esqueletos en el clóset que asomaron, por ejemplo, hace unos cuantos días en Colima.

Es importante, sí, saber quién abrió las puertas del crimen organizado al interior de los partidos, pero lo es aún más el asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Uno de los grandes riesgos de las alianzas es, precisamente, que se pierde el control sobre la cadena de decisiones ante el triunfo fácil de quien cuenta con una popularidad que, por valiosa, deja de ser cuestionada: ¿en cuántos de los municipios de nuestro país los partidos no tienen ni estructura ni candidato y prefieren proponer a cualquiera, con tal de anotarse un triunfo, incluso sin saber quiénes son?

El país no está en condiciones de más escándalos. Es urgente que los partidos políticos se comprometan a un código de ética y exijan a sus adeptos que lo cumplan: siendo sinceros es una vergüenza que el presidente de cualquier partido mexicano sea acusado de nexos con el narcotráfico, que los alcaldes sean los jefes de la mafia, que nadie sepa de dónde salió la diputada de la identificación falsa. La podredumbre está presente, y la ciudadanía se está dando cuenta: ese será, sin duda, el tema de aquí a 2018.