Gisela Mota y el drama de los municipios

Mal inicia la semana para el que ahorcan en lunes, dice el refrán. Podríamos ampliarlo, sin embargo: mal inicia el año para el país que vuelve a la pesadilla de los crímenes políticos, mal inicia el año para las economías mundiales cuando la titular del FMI señala que las previsiones son desalentadoras, mal inicia el año para la estabilidad internacional cuando, con las amenazas de atentados terroristas en varios países todavía frescas, Arabia Saudí e Irán rompen relaciones diplomáticas por motivos religiosos.

Intolerancia, violencia, egoísmo llevado al extremo. Sin importar que se trate de una cuestión de fé, como en el caso del clérigo chiíta ejecutado en días pasados; una cuestión económica, como el perverso juego entre los precios del petróleo y las tasas de interés, que pareciera tener destinatarios concretos, o de una cuestión sobre política y la falta de capacidad, o de voluntad, para lidiar con el crimen organizado. En todos los casos, como siempre, quien pierde es el ciudadano común.

Lo que está pasando en Morelos no es sino un reflejo de lo que ocurre en el resto del país. Y es terrible: mientras que los políticos se enfrascan en discusiones estériles, la gente sigue muriendo, el desarrollo se detiene, la desconfianza sigue creciendo. La gente simplemente ha dejado de creer en las instituciones del Estado y en su capacidad para hacer frente a los retos que afectan a la sociedad. Y no es para menos: quien tendría que estar gobernando el estado ha sido rebasado por los problemas que debería de resolver, mientras sigue su propia agenda y alimenta sus propias —e irreales— ambiciones; quien tendría que estar festejando goles, comentando deportes, o atendiendo sus restaurantes, es ahora el alcalde de una de las ciudades más complicadas del país, y no tiene idea de cómo hacerlo.

Lo mismo que pasa en otros estados, con gobernadores ambiciosos y alcaldes sin preparación. Ramírez y Blanco no son casos aislados, sino el epítome de un sistema político corrupto y alejado de la ciudadanía en las intenciones y en los hechos. El cobarde asesinato de Gisela Mota llena de espanto y zozobra —más aún, si cabe, por ser mujer—, y es un aviso que debe ser atendido no sólo por las autoridades, sino por la sociedad entera. Hemos pasado el momento de las declaraciones, de los operativos espectaculares, de los planes de contingencia. En realidad nada ha cambiado: la inseguridad no disminuye, la desigualdad se acrecienta, la desconfianza campea y se extiende sin control. Siendo realistas, es poco lo que pueden hacer las autoridades para regresar la calma a la sociedad si ésta no se involucra directamente en la solución.

Lo ocurrido en Temixco nos marca el camino: los municipios son la base de la estructura social y, sin embargo, es en su interior donde se alojan los vicios propios de la gestión improvisada. La autoridad municipal es quien tiene el contacto más cercano con la gente, y donde por lo general comienzan los actos de corrupción y los abusos de poder. Es quien conoce lo que pasa de primera mano, es quien puede tomar las decisiones que inciden de inmediato en la confianza de los ciudadanos. Es, también, quien se encuentra sujeto a la amenaza cotidiana del crimen organizado.

En este momento, el reto para el Estado mexicano, en su conjunto, es la creación de una sociedad más inclusiva, en la que los individuos y colectivos sociales puedan participar en la construcción de la paz y expresar su opinión en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y no puede ocurrir sino a nivel municipal. Es urgente, y es la única salida: es tiempo de entender que no llegaremos a ningún lado a menos de que rememos, todos, en la misma dirección.