Palabra de honor

Nada menoscaba más la confianza en una persona que dé su palabra y no la cumpla. “Dar la palabra” es muy importante para afianzar o no, la credibilidad y reputación; es poner en prenda la dignidad y honorabilidad.

Por ello, utilizar la palabra como muestra del compromiso que se adquiere, puede ser fantástico o letal. El peligro que implica no cumplir con el contrato informal, pero poderoso, obliga a no abusar de este recurso.

Esto es aún más importante y delicado si se trata de políticos, a quienes les encanta prometer y dar su palabra para después olvidarla o cambiarla porque sus afectos variaron o tuvieron “que darle su palabra” a alguien que se ajustaba más a sus intereses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desgastado tanto su palabra desde que inició su mandato, que hoy cuando busca empeñarla, ya tiene boletas vencidas. Eso sucedió con la discusión sobre la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. La narrativa del mandatario y su partido es que los eliminan para suprimir los privilegios de “los altos funcionarios” y que ese dinero podría ser usado para las familias pobres. Nada de este discurso es verdad, sí se afectarían las prestaciones de trabajadores y quieren esos recursos para completar sus obras faraónicas.

El 19 de octubre en lo que pareció un intento desesperado de hablarle a los trabajadores dijo: “Que estén conscientes los trabajadores (del Poder Judicial) que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen”.

Sus palabras no surtieron ningún efecto, no le creyeron y los trabajadores se fueron a paro nacional.

Desde el principio, López Obrador se jactó de ser un hombre de palabra. Incluso ese fue su mensaje en la campaña de difusión en el marco de su primer informe de gobierno: “No es por presumir, soy un hombre de palabra”.

Poco a poco se ha visto, sin embargo, que su palabra es flexible y acomodaticia.

Cuando tomó protesta prometió un auténtico Estado de derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. En los hechos él ha sido el principal violentador de la Constitución. Incluso, ahora cambió su discurso y dijo: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

Señaló que “las elecciones serán limpias y libres. Quienes compren votos o trafiquen con la pobreza de la gente irá a la cárcel sin derecho a fianza”. Ha sido su partido y sus funcionarios quienes han ido de casa en casa señalando que si gana la oposición se eliminarán los programas sociales. Ellos son los verdaderos traficantes.

También ese 1º de diciembre de 2018 señaló: “Tampoco que se oiga bien y lejos, vamos a endeudar al país”. Sin embargo, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados autorizó al gobierno federal endeudarse por casi dos billones de pesos el próximo año para concluir las obras prioritarias de este gobierno. Una cifra histórica.

Dio su palabra de que no permitiría “que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares”. Los escándalos de corrupción como el de Segalmex, las obras sin licitar, los proveedores consentidos, incluso las sospechas sobre sus hijos dicen otra cosa.

Por supuesto ya no hablamos de su compromiso de que habría medicamentos gratuitos en todo el país y el sistema de salud sería como el de Dinamarca o que se pacificaría al país y se acabaría con la violencia. Palabras que se las llevó el viento.

Tal vez el peso mexicano esté muy fuerte, pero lo que sí se ha devaluado en este sexenio es la palabra del Ejecutivo.