Elección judicial en México, un reto para la certeza jurídica

Por Jorge Peñúñuri Pantoja*

Coparmex desplegó un ejercicio de observación nacional con más de 215 personas observadoras acreditadas por el Instituto Nacional Electoral, con cobertura en más del 60% de los distritos electorales federales y presencia en más de 65% del territorio nacional. Este despliegue permitió analizar el modelo en condiciones reales, particularmente en entidades donde existió concurrencia entre elecciones judiciales y procesos políticos ordinarios. Los hallazgos no son aislados, sino que configuran un patrón documentado en tres puntos:

Sobrecarga cognitiva del electorado frente a múltiples boletas y cargos desconocidos.

Saturación operativa en casillas, con tiempos extendidos de votación y filas prolongadas.

Traslape de estructuras políticas en un proceso que, en su diseño, debía ser ajeno a ellas.

En entidades como Veracruz y Durango, la concurrencia no sólo complicó la operación electoral, sino que modificó el comportamiento del proceso. La evidencia de nuestras actividades de observación es clara: la concurrencia no es neutra. Genera efectos sistémicos que complican la organización de las elecciones y, por tanto, sus resultados.

Aunque formalmente los partidos no participan en la postulación de personas juzgadoras, en la práctica operan a través de estructuras territoriales, redes clientelares y mecanismos de movilización indirecta. Eso observamos en la pasada elección del Poder Judicial Federal; la práctica del llamado “acordeón” es prueba de ello. La concurrencia de elecciones ordinarias y judiciales amplifica este fenómeno. Las y los candidatos judiciales quedan expuestos a una dinámica que no controlan y que no corresponde a su función. No podemos permitir que la legitimidad desplace la capacidad profesional ni que dependa de la capacidad de movilización.

El INE enfrenta un rediseño operativo sin precedentes, que incluye la integración de múltiples boletas, la capacitación adicional de funcionarios de casilla, el incremento en los tiempos de votación y escrutinio, así como una mayor complejidad en el cómputo de votos. Por ello, sostenemos que el escenario hacia 2027 representa un riesgo operativo mayor, con potencial impacto en la certeza, los tiempos y los resultados. El debate no es si deben existir mecanismos de participación en la designación judicial, sino en qué condiciones dicha participación fortalece, o debilita, la justicia.

La experiencia obtenida durante la observación del pasado proceso deja tres lecciones claras.

Primera. La complejidad operativa sí impacta la calidad democrática. Cuando el sistema se sobrecarga, la certeza disminuye.

Segunda. Desde la Coparmex observamos que los bajos niveles de participación y el desconocimiento generalizado sobre las candidaturas judiciales responden a una deficiente provisión de información clara, accesible y oportuna. En esas condiciones, la participación ciudadana no fortalece la legitimidad del proceso, sino que la debilita.

Tercera. La mezcla de lógicas genera incentivos incorrectos. Quien busca un cargo jurisdiccional no debería depender de estructuras políticas.

El escenario es crítico para una eventual elección en 2027 si concurren elecciones federales, locales y judiciales, esto implicaría mayor presión sobre la autoridad electoral, mayor complejidad para el electorado y riesgo de intervención política. Debemos ser claros: la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho, y éste es condición para la inversión.

Las decisiones de inversión, el costo del financiamiento y la percepción país dependen de ello. Corregir antes de repetir no es opcional. La justicia no puede someterse a la lógica electoral; estamos llamados a defender su independencia y, con ello, el equilibrio institucional del país.

*Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex