La nueva teología legislativa

La última semana, el Congreso de la Unión, con mayoría de Morena y sus satélites, ha dejado una muestra clara de que las prisas y la soberbia son una combinación letal. Han legislado a una velocidad que ni ellos mismos parecen comprender, como si cada sesión fuera una competencia para ver quién comete más atropellos jurídicos en menos tiempo. En ese afán, el Senado de la República aprobó la llamada “supremacía constitucional”, que más bien parece una declaración de omnipotencia: ahora ni el mismísimo Dios padre podría enmendarles la plana.

El Congreso y la presidenta Claudia Sheinbaum han instaurado una nueva teología legislativa: ellos son el alfa y el omega, la santísima dualidad, el verbo hecho decreto. En esta liturgia política, cada reforma es un sacramento y cada voto a favor, una indulgencia plenaria. No hace falta cuestionar, porque en esta iglesia del poder, la fe en el decreto es ciega y el dogma, inamovible.

La ley no se discute: se revela. Los legisladores se convierten en apóstoles, predicando desde sus curules la buena nueva del cambio constitucional, mientras la Presidenta, desde su púlpito en Palacio, dicta los mandamientos del nuevo régimen: “Hágase la voluntad del pueblo (según la 4T), así en la tierra como en los archivos del Diario Oficial de la Federación”, porque esta semana, además, México descubrió que lo que se imprime en el DOF es tan inamovible como los Diez Mandamientos esculpidos en las tablas de Moisés: no se someten a foros de discusión, solo se obedecen.

Cualquier disidencia es herejía. Los críticos son condenados al exilio simbólico y, al igual que los antiguos paganos, son etiquetados como neoliberales o traidores a la patria. Por otra parte, si algún legislador oficialista duda o, peor aún, amenaza con votar en contra, recibirá su penitencia en forma de ajustes presupuestales para su distrito o una homilía pública sobre la ingratitud y la desviación ideológica.

La disciplina de partido se convierte en la única penitencia aceptable para redimir la duda, y los herejes son rápidamente silenciados. Aquí no hay indulgencias parciales: o se está con el régimen o se enfrenta el purgatorio político. La crítica es vista como una desviación del camino recto, y cualquier intento de cuestionar el proceso legislativo se percibe como una blasfemia.

El Senado y la Cámara de Diputados se asumen como sacerdotes infalibles, asegurando que todo cambio constitucional es una revelación para el bien del pueblo, aunque éste ni siquiera lo haya pedido o tenga una peregrina idea de lo que está sucediendo. Los legisladores actúan como si cada decreto fuera eterno, y el DOF, la piedra angular de su fe.

Mientras tanto, la Presidenta sigue dictando su voluntad, convencida de que cada reforma es una obra divina, sobre todo si proviene de su antecesor. Como en toda religión, la política aquí tiene sus rituales: conferencias matutinas, anuncios grandilocuentes y reformas apresuradas, todo en nombre de lo que ella y su partido piensan es un bien superior para, por supuesto, mantenerlos en el poder.

La rigidez con la que se manejan los morenistas y sus partidos rémora reflejan una mentalidad de absolutos y dictadores, donde la obediencia ciega es la única virtud posible.

La pregunta que queda es cuánto tiempo podrá sostenerse esta fe impuesta por decreto. Porque, como los antiguos profetas, la ciudadanía eventualmente despertará del encantamiento y demandará respuestas. En ese momento, ni la supremacía constitucional ni los sermones diarios podrán evitar que la realidad irrumpa y ponga a todos en su lugar.