El jarabe de la 4T

Claudia Sheinbaum tiene muy claro que las reformas polémicas son como los jarabes de sabor indescriptible, se toman de un solo trago, sin saborear ni reflexionar mucho al respecto. Además, aprendió de la experiencia de su antecesor que los grandes cambios se deben hacer al principio del sexenio, cuando todavía está de luna de miel con los ciudadanos que la llevaron al poder. Por eso, la Presidenta y su partido han decidido que el momento de modificar la Constitución es ahora, aunque ese ahora se convierta en un caos.

Esta semana, la Cámara de Diputados en modo de máquina de obediencia legislativa, aprobó la desaparición de siete organismos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); el  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), los que se encargaban de cosas tan molestas como asegurar la competencia económica, la transparencia o medir la pobreza. ¿Para qué quiere eso el pueblo si tiene programas sociales? Ahora falta que el Senado les termine de dar los santos óleos, pero es un hecho que a senadores morenistas y aliados les dará tortícolis de tanto asentir.

La idea de transferir las funciones de estos organismos a las secretarías de Estado suena, en papel, como un ejercicio de simplificación administrativa, casi como un acto de magia que promete eliminar duplicidades y gastos innecesarios. Sin embargo, el proceso de transición se perfila como un parto muy complicado.

Si, por ejemplo, ahora al Inegi le toca medir los índices de la pobreza, ¿será capaz de decir que ésta aumentó después de ver lo que le podría pasar si no se alinea? No hay mejor estrategia para eliminar a los pobres que dejar de contarlos; la Secretaría de la Función Pública ¿le dirá a la Secretaría de la Defensa que comparta toda la información sobre un operativo donde civiles hayan muerto a manos de militares? Ahora el acceso a la información será como una búsqueda del tesoro, pero sin mapa, pistas ¡ni tesoro! Sólo fe y paciencia.

¿La Secretaría de Economía, tendrá la capacidad de señalar que algún gobierno morenista está evitando la competencia económica al darle todos los contratos a sus amigos o que un grupo de personas afines a Morena se pusieron de acuerdo para amañar una licitación?

La 4T, como ha sucedido con todos los partidos que están en el poder, aplican la de: “para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas” y a veces ni eso, garantizando que la opacidad sea la reina de la fiesta.

Ese entusiasmo reformador y demoledor empezó con la reforma judicial, que también fue aprobada con una velocidad insólita al estilo de “primero disparo… luego averiguo”. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, queda demostrado que las prisas nunca llevan a nada bueno. El INE ya alzó la mano para advertir que no hay ni dinero ni tiempo suficiente para organizar la elección judicial. El Congreso, por supuesto, no se detuvo a considerar minucias logísticas y le respondieron al instituto que ni lo piense, que se debe ajustar a lo que fue aprobado.

Desmantelar al Poder Judicial sin una ruta clara de implementación, desaparecer organismos autónomos sin prever las consecuencias operativas y concentrar el poder sin contrapesos no es precisamente una receta para un Estado de derecho que cualquier país requiere.