La educación en semáforo rojo

El covid-19 ha tenido como primer efecto social negativo numerosos contagios y fallecimientos; no deberíamos acostumbrarnos jamás a esta terrible realidad. Un segundo efecto, presente y futuro, se relaciona con la situación económica: pérdida de empleos, disminución del ingreso y escasas perspectivas de recuperación en el corto plazo. En tercer lugar, de modo menos evidente, tendría que aparecer la afectación educativa, especialmente en los sectores más desfavorecidos del país. Muchos estudiantes han disminuido su aprendizaje debido a las limitaciones tecnológicas, a la dispersión y a la falta de acompañamientos educativos adecuados. Los focos de distintas tonalidades para los casos sanitarios y económicos son palmarios, sin embargo, me parece que el sector educativo presenta semáforos rojos que aún no hemos advertido y que son mucho más inquietantes que la limitación presencial actual.

En un artículo reciente, Futao Huang, profesor de la Universidad de Hiroshima y coinvestigador de la Universidad de Oxford, comparte la experiencia de Japón relacionada con la educación durante la pandemia. Resulta que el gobierno de Japón ha impuesto aún mayores regulaciones restrictivas que países como Inglaterra o Estados Unidos, ideal para el bienestar sanitario de su país. En contraparte, el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Tecnología de Japón asignó un presupuesto adicional de 93 millones de dólares para asegurar una buena docencia y adecuados ambientes de aprendizaje para los estudiantes japoneses. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación japonés habilitó una serie de programas de apoyo financiero para 430,000 estudiantes matriculados en universidades o escuelas técnicas, siendo conscientes de que muchos de ellos trabajan para pagar sus estudios. Por si fuera poco, a los universitarios se les exentó del impuesto residencial y además se les otorgaron 1,900 dólares para gastos diversos.

Es así que el gobierno japonés, partiendo del hecho de que en ese país cerca del 80% de la educación superior depende de universidades privadas, y teniendo por ende mayor dificultad de gestión que países centralizados como China o Reino Unido, ha procurado ayudar a sus estudiantes sin afectar a sus universidades: los alumnos recibieron facilidades de posponer el pago de colegiaturas, al tiempo que las universidades recibían subsidios como contrapartida de este apoyo. Esta política no sólo evitó problemáticas en el corto plazo, sino que fue lo suficientemente visionaria para no afectar el mediano y largo plazo.

Huang atribuye el éxito de la política japonesa a diferentes factores: la existencia de un plan articulado para atacar la pandemia y reducir sus efectos económicos, sociales y académicos; la confianza existente entre gobierno central, gobiernos locales, industria y universidades; la creencia general en la importancia de la educación para el bien común y la autonomía de las universidades para adoptar medidas flexibles y eficientes durante la pandemia.

Japón y México tienen mayores similitudes a las imaginadas de modo intuitivo, al menos desde ciertos aspectos geográficos. Ambos países contamos con cerca de 130 millones de habitantes y la población en nuestras capitales es parecida tanto en sus límites como en las áreas extendidas. Sin embargo, en materia educativa, así como en otros sectores, los japoneses nos llevan una ventaja considerable. Deberíamos aprender algunas lecciones del modelo japonés.

La crisis sanitaria pasará más pronto que tarde y la educación tiene que seguir siendo ejemplar en el cuidado de la misma. La crisis económica eventualmente cesará, pero la crisis educativa podría tener efectos graves escasamente advertidos. Después de nueve meses del inicio de las restricciones originadas por el covid-19 en México, que ningún guion de Netflix hubiera imaginado mejor, al menos se ve cierta luz en el horizonte. Parecería que 2021 será mejor que 2020, particularmente por la expectativa de la vacuna. Sin duda somos muy distintos a Japón y, además, sufrimos otros problemas importantes como la pobreza o la inseguridad de prioritaria atención.

Aun así, es posible minimizar las afectaciones a la educación y la urgencia de encontrar soluciones inmediatas. Hoy, más que nunca, es necesaria la apuesta por la educación como factor fundamental de desarrollo presente y futuro. La inversión pública en educación no debe disminuir, aun cuando estos ahorros parecieran favorecer aspectos más apremiantes. La conciencia universal orientada al bien común tendría que generar mayor compromiso y mejor coordinación entre sectores sociales para favorecer a los estudiantes de todos los niveles.