UNAM: ¿rector o rectora?

Después de las constantes descalificaciones presidenciales contra la UNAM y los ataques contra su rector y el intento de presentar una iniciativa de cambios a la Ley Orgánica por parte de un diputado de Morena (sin consultar a la comunidad universitaria), existe la sospecha fundada de que, posiblemente, algunos actores externos quieran intervenir de manera directa o indirecta en el proceso para seleccionar al rector o rectora de la máxima casa de estudios del país. El mismo rector, Enrique Graue, en días pasados, alertó sobre este asunto.

No es la primera vez que, en víspera del proceso, se despierten los apetitos de algunos políticos sobre el control de la UNAM, mucho más ahora que, después de la exitosa administración del rector saliente, tiene una matrícula de más de 380 mil alumnos (antes había 240 mil), y se encuentra entre las 100 mejores universidades a nivel mundial (estaba en el número 160). Además, entre otras cosas, durante esta administración, se crearon seis nuevas escuelas y ocho licenciaturas. Por si fuera poco, en estos años, algunas facultades, como la de Derecho, se posicionó en los primeros 30 lugares del ranking internacional.

En ese contexto, y próximo a concluir el periodo actual, con base en los mandatos de una Ley Orgánica que data de 1945, el 21 de agosto pasado, la Junta de Gobierno de la UNAM, sin sorpresas en su contenido, publicó la convocatoria para el proceso de nombramiento del rectora o rectora para el periodo 2023-2027. La novedad está en la conformación de la junta porque, por primera vez, de los 15 integrantes, ocho son mujeres, es decir, la mayoría. Parece un asunto menor y, sin embargo, no lo es. La visibilidad de las mujeres en espacios de poder de primer nivel de las estructuras universitarias, es un poderoso mensaje sobre el avance del reconocimiento de la igualdad de las mujeres en el ámbito profesional de la educación y la investigación.

Sin embargo, de ninguna manera podemos equivocarnos, el hecho de que haya mayoría de mujeres en la junta, no quiere decir que la elección “ya está cantada” de manera preferencial hacia las aspirantes mujeres. Si eso se hubiera decidido, se habría abierto la convocatoria sólo para aspirantes mujeres, pero no fue así. De esta forma, entre los principales requisitos para las y los aspirantes se encuentran el de la edad, el del grado de estudios y la antigüedad como docente, pero, particularmente, el de “gozar de estimación general como persona honorable y prudente”. Como parte de la comunidad de la Facultad de Derecho, conozco a varias docenas de maestros y maestras que podrían cumplir, ampliamente, con este perfil, sin embargo, me parece que, aun cuando no son parte de la normatividad, los aspirantes tendrían que cumplir con otras cualidades, por ejemplo, cada aspirante tendría que informar sobre las aportaciones que ha realizado, desde su ámbito de competencia, en beneficio de la comunidad universitaria; y, por otra parte, es muy importante conocer su propuesta de trabajo.

Lamentablemente, esta información no podrá escucharse en un formato de debate entre las y los aspirantes (como sucede con Xóchitl y Beatriz en el ámbito político), porque la convocatoria es muy clara al respecto, la Junta de Gobierno escuchará la opinión de la comunidad universitaria sobre los nombres de las personas que se consideren idóneas para ocupar la Rectoría. Para tal efecto, la junta se subdividió en cinco comisiones.

La complicación del tradicional procedimiento, es que no motiva interés en la mayoría de la comunidad universitaria. Si bien es cierto, algunos grupos de maestros y de alumnos de algunas facultades, presentarán de forma escrita y verbal sus opiniones ante la junta, lo harán solamente porque quieren apoyar a su director o directora, es decir, porque se sienten involucrados de manera directa en el proceso, tal es el caso de la Facultad de Derecho. Los riesgos de no involucrar a la gran mayoría, son que al final del proceso, surjan dudas sobre la legitimidad de quien resulte designado.