Se reconoce que las medidas anunciadas el día de ayer por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, con base en los trabajos de la Comisión Técnica, fueron las más justas que tomó la institución para enfrentar la crisis que se generó por las trampas detectadas en el examen de admisión para cursar la licenciatura 2026, sin embargo, no cierra totalmente la crisis; sólo abrió la parte más difícil de la investigación. La Comisión respondió a lo que parecía un callejón sin salida: ¿qué hacer con los aspirantes y cómo asignar los lugares? Queda pendiente la pregunta más difícil: ¿qué falló y quién tenía la responsabilidad de prevenirlo?
La aplicación de un examen presencial de control permitirá verificar los resultados, proteger a quienes obtuvieron honestamente un lugar, y reincorporar al concurso a jóvenes que pudieron haber sido desplazados por el incremento atípico de los puntajes. Es una respuesta inteligente frente a un problema extraordinario y debe reconocerse el esfuerzo realizado por la Comisión Técnica para formularla en pocos días.
La propuesta consiste en que no volverán a presentar el examen los más de 158 mil aspirantes. Sólo serán convocadas las personas que inicialmente recibieron un aviso de selección 2026, pero también quienes no lo recibieron, pero obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje con el que se ingresó entre los años 2021-2025 a la misma carrera, plantel y modalidad.
La ampliación del grupo de aspirantes al que se aplicará el examen de control es uno de los aspectos más relevantes de la determinación. Con esto, la UNAM reconoce que las irregularidades no sólo pudieron favorecer a quienes recibieron ayuda indebida, sino perjudicaron a estudiantes honestos que quedaron fuera porque los resultados anómalos elevaron el puntaje necesario para obtener un lugar de ingreso.
No obstante, hay que señalar que el examen de control impone una nueva carga a quien estudió, respetó las reglas y ya había recibido la noticia de que había sido seleccionado. Tendrá que prepararse nuevamente, trasladarse a una sede y demostrar, por segunda ocasión, que merece el lugar que habían obtenido. Por esta razón, el rector Leonardo Lomelí ofreció una disculpa por esta afectación.
La medida puede sonar injusta para ellos, pero mantener resultados sobre los cuales existe una duda técnicamente fundada, no hubiera sido ni justo ni ético y habría producido un daño mayor a la credibilidad y confianza a la UNAM y a toda su comunidad. En ese sentido, la decisión coloca la integridad por encima de la comodidad institucional, y cuida lo más preciado: los futuros alumnos de la comunidad.
También evita la polarización innecesaria y problemática. No se anula indiscriminadamente a todo el concurso ni se considera culpables a todas las personas seleccionadas. Tampoco se validan resultados cuya confiabilidad ha quedado comprometida.
No obstante, falta algo más para enfrentar totalmente esta crisis. La responsabilidad institucional de explicar cómo fueron vulnerados los mecanismos de seguridad. El procedimiento a distancia fue presentado como un modelo seguro, acompañado de controles de identidad, vigilancia y detección de conductas irregulares. Si esos controles resultaron insuficientes, es necesario saber por qué.
No se trata de acusar anticipadamente a la empresa que operó la plataforma ni al rector ni a ninguna autoridad universitaria, o a una persona determinada. Si bien resulta abominable hacer señalamientos sin pruebas que sólo sirven para descalificar, la existencia de un proveedor externo no disminuye la responsabilidad institucional. La UNAM y cualquier otra institución pueden contratar servicios tecnológicos, pero no pueden transferir a una empresa su deber público de garantizar la integridad y la confiabilidad del concurso. Tiene que haber transparencia para evitar riesgos de pérdida de gobernanza institucional, y, sobre todo, para rendir cuentas a los ciudadanos.
Las instituciones no pierden legitimidad simplemente porque cometan errores. La pierden cuando los niegan, los minimizan o distribuyen las responsabilidades únicamente entre quienes tienen menos poder. El caso de la UNAM nunca ha sido ése, y seguramente, tampoco será en esta ocasión.
Defender la autonomía de la UNAM significa exigir que responda de acuerdo con los principios que enseña: conocimiento, honestidad, responsabilidad y justicia.