En esta semana, el Gabinete de Seguridad informó que en marzo sólo hubo 51.4 homicidios diarios. En otras circunstancias este dato resultaría aterrador, sin embargo, para las y los mexicanos, es una muy buena noticia porque es la cifra más baja desde 2016 y representa un descenso de 41 por ciento de violencia respecto a los números heredados al inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los datos del informe resultan seductores y podrían tener varios significados, pero el más importante es que el cambio de estrategia de abrazos, no balazos del anterior sexenio, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por la de “golpes de precisión” y desarticulación de redes, encabezada por el secretario Omar García Harfuch en estados clave, está alcanzando sus objetivos de disminuir la comisión de delitos de alto impacto. Además, todo parece indicar que eventos trágicos como la guerra letal entre Los Chapitos y La Mayiza, que impactó de forma muy negativa a Sinaloa en estos últimos dos años, ya fue contenida y generó una reducción de 63 por ciento en los asesinatos en esa entidad. Por otra parte, también llama la atención el reporte del mismo porcentaje de disminución en otro epicentro de violencia: Guanajuato.
En resumen, estos datos podrían ser evidencia de una transición exitosa: de la permisividad del abrazos, no balazos a una intervención estratégica que habría aplanado la curva de la muerte, sin embargo, el éxito no es pleno, pues esta oscurecido por los otros datos.
Me refiero al asunto de la crisis por el incremento de las y los desaparecidos, porque un cuerpo no contado como asesinado no desaparece necesariamente; puede ser ocultado, secuestrado o “desaparecido” sin que la estadística de homicidios lo registre. La reducción de homicidios podría, quizá, indicar un cambio en la metodología delictiva: de la ostentación pública de la fuerza letal (homicidios) a la ocultación sistemática (desapariciones) de los restos de las víctimas.
Aquí es donde la narrativa oficial comienza a mostrar debilidades o, mejor dicho, negación de factores que puedan empañar estos buenos resultados. Mientras, por un lado, se informó de una extraordinaria baja de homicidios, apenas dos semanas anteriores, el 27 de marzo, se reconoció que había 132 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas. Incluso, pocos días después la cifra había cambiado a 132 mil 923. Aún con estos antecedentes, la presidenta Sheinbaum descalificó el informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (publicado el 2 de abril), porque ahí se valoró que la crisis de desapariciones en México constituye un crimen de lesa humanidad.
Lamentablemente, no se trata de regatear el éxito de la nueva estrategia de seguridad, sino que el mismo informe del Gabinete de Seguridad sigue reconociendo la concentración de 50 por ciento de las muertes en siete entidades federativas, pero esa es la violencia visible que sí se mide mensualmente en las estadísticas oficiales, por lo que, si en Guanajuato o Sinaloa los homicidios bajan, ¿significa que ha disminuido la capacidad de operación de los criminales o simplemente han cambiado sus tácticas de control territorial? Es decir, ¿estamos ante una desarticulación sustentable y duradera del crimen o ante una transformación de su modus operandi hacia formas de violencia menos visibles para las estadísticas oficiales, pero igual o más devastadoras para las víctimas directas e indirectas?
En conclusión, se reconocen los esfuerzos de la presidenta Sheinbaum y el gran acierto de haber cambiado la política de seguridad pública, pero mientras sigan incrementándose el número de desaparecidos, cualquier cifra de homicidios, por baja que sea, seguirá siendo un resultado a medias de la seguridad en México. La verdadera prueba de éxito no deriva sólo de la ausencia de cuerpos en las morgues, porque ya sabemos que miles están en las fosas clandestinas, sino en un resultado integral que incluya la ausencia de víctimas de muertes dolosas y de desaparecidos.