SCJN: guardiana de la Constitución

No era pleito, pero así lo tomó el presidente Andrés Manuel  López Obrador y perdió. En esta semana (17 de abril) se resolvió la acción de inconstitucionalidad 137/2022 a favor de los promoventes (senadores del PRI, PAN, PRD, MC e independientes). La sentencia declaró inconstitucional el decreto del 9 de septiembre de 2022, que se reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

No podía ser de otra forma, a menos que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) traicionaran su juramento de “…guardar y hacer guardar la Constitución (…) y las leyes que de ella emanen…” (artículo 97 constitucional). El ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un impecable proyecto que contenía un recuento de los antecedentes históricos y constitucionales de la naturaleza civil de las instituciones responsables de la seguridad pública y del mandato contenido en el artículo 21 constitucional vigente. Es decir, las razones por las cuales la Guardia Nacional no puede estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

La reacción del Presidente no se hizo esperar. Frente a la derrota que implicó la sentencia, se autoimpuso un desafío: lograr que el último día de su sexenio, se apruebe una nueva reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de las Fuerzas Armadas. Esto sólo será posible si su partido gana una mayoría calificada en el Congreso en la elección de 2024 y mantiene una mayoría absoluta en, por lo menos, 17 congresos locales. No obstante que eso pudiera suceder, porque Morena y sus aliados, en este momento, gobiernan la gran mayoría de los estados (23) y tal vez así se mantengan después de la elección, lo cierto es que, quien logre llegar a la silla presidencial para el siguiente sexenio, ya sea de Morena o de la oposición, tendrá que impulsar otra estrategia de seguridad pública para enfrentar el fracaso de la actual administración.

Hoy, poco recordamos los ambiciosos objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad del Presidente, porque él mismo cuida de no hablar de ellos y porque lejos de cumplir su palabra, la está traicionando al intentar someter a la Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas, toda vez que, el inciso B del objetivo 8, menciona la creación de la Guardia Nacional como una institución de carácter policial, con un mando civil que actuaría con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios.

Lamentablemente, a pesar del respaldo del Poder Legislativo con la creación del marco legal y de la asignación generosa de recursos presupuestales, la Guardia Nacional no pudo dar los resultados esperados porque el gobierno nunca apostó a que eso sucediera. Un gran número de quienes la conformaron, desde sus inicios, pertenecían a las Fuerzas Armadas; la dualidad del mando también afectó, porque si bien es cierto, formalmente, el mando era civil, quien operó las acciones fue el mando militar; otro factor que impactó negativamente, fue el activismo político de los mandos civiles que utilizan ese espacio de poder sólo de trampolín para sus aspiraciones políticas (gubernaturas de Sonora y Coahuila, por ejemplo).

En ese contexto, a pesar de que el Inegi presentó datos sobre una disminución en la percepción ciudadana sobre inseguridad, estos contrastan con los datos duros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones forzadas (Secretaría de Gobernación), y otros delitos y siguen evidenciando el fracaso de la estrategia de seguridad de este sexenio.

Pero el Presidente, lejos de reconocer este fracaso y repensar la estrategia, prefiere lamentarse y señalar de traidores a quienes dice que él puso en la SCJN y en el Senado y no actúan conforme a lo que él quiere, por encima de la Constitución.