Tiene razón Xóchitl Gálvez cuando dice que, si bien es cierto, preocupa la inseguridad y la violencia, el problema mayor para las familias es el del acceso a la salud. Tanto Beatriz Paredes como Enrique de la Madrid y Santiago Creel, en el contexto del debate organizado por el Frente Amplio opositor, habían expresado que el problema número 1 en México es el de la inseguridad y/o la violencia, pero los datos del Coneval, dados a conocer ayer, son demoledores.
No quiere decir que la violencia y la inseguridad no preocupe mucho a las y los mexicanos, pero el problema se encuentra focalizado en algunos municipios (lamentablemente, un número creciente), y el de la falta de atención en la salud es un problema en toda la República. Miles de familias comparten la misma historia: si tienen seguro social no hay ni insumos ni medicamentos para atender a los enfermos. Si se requiere una cirugía, los enfermos tienen que esperar una cita y no morir en el intento, además tienen que pagar su propio paquete de insumos. Pero, además, de los datos del Coneval podemos deducir que sólo 50% de la población cuenta con ISSSTE o IMSS o atención en hospitales de Pemex o de la Defensa y Marina o seguro privado (sólo 9%); otro 13% de la población decía tener Insabi o Seguro Popular, lo cual ya no existe, es decir, 50% no tiene ningún tipo de atención de salud garantizada.
Por otra parte, hay miles de personas que, aun cuando tienen un trabajo, no cuentan con seguridad social: 63 por ciento. Lo peor es para las personas que no tienen trabajo, porque 50% de ellas no tienen ningún tipo de seguridad social ni propia ni familiar.
A reserva de que, algunos de los datos que presentó el Coneval pueden generar dudas (aunque en las notas técnicas aclaran que interpretaron los datos del Inegi), los de salud son simplemente aterradores, porque evidencian el letal fracaso de la política pública del presidente López Obrador en esa materia. Los resultados están a la vista, el exceso de mortalidad durante la pandemia de covid-19 no relacionada directamente con el virus; es decir, las personas que murieron por otras enfermedades porque no tenían seguro ni público ni privado o, aunque sí lo tenían, no pudieron ser atendidas en los hospitales porque se vieron rebasados.
Otro dato que llama la atención es el incremento del rezago educativo, que pasó de 19.2% a 19.4%, y que en números absolutos significa un crecimiento de 24.4 millones de personas a 25.1. Además, 15.9% de la población de 3 a 21 años (nacidos a partir de 1998) no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria; y 36.7% de la población de 22 años o más nacida a partir de no tiene educación media superior completa. Esta es la evidencia de otro fracaso de política pública: el de educación. Puede decir el gobierno que estos datos no son producto de las contrarreformas en educación, sino que fue el impacto de la pandemia, pero, entonces, queda claro que tampoco tuvo éxito en su estrategia para enfrentar la coyuntura.
Finalmente, no deja de llamar la atención el hecho de que, aun cuando la pobreza extrema disminuyó, esto no fue así para todos los sectores de la población. Por ejemplo, el de las personas que pertenecen a alguna etnia, en particular si son mujeres y viven en alguna zona rural: 37.7% son extremadamente pobres y 35.4 son moderadamente pobres (en total: 73.1%), lo que representa 1.7 millones de mujeres.
Al respecto, cabe mencionar que, el 9 de agosto pasado se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lamentablemente, para el Presidente y su partido, esta población no ha merecido una atención especial, por el contrario, la iniciativa de ley que se redactó después de las consultas a las comunidades indígenas sigue durmiendo el sueño de los justos, y por otra parte, el presupuesto para la atención de las mujeres de las comunidades indígenas, fue recortado desde que inició este sexenio.