Pederastas sin castigo

El hartazgo social por la impunidad que prevalece en la impartición de justicia se hizo visible una vez más esta semana, tanto en las redes sociales como en las protestas callejeras. Desde abril de 2022, Victoria Figueras denunció ante las autoridades correspondientes que su hija, de cuatro años, había sido víctima de violencia sexual. Como miles de casos, éste también hubiera pasado como un caso más si no fuera porque, el 23 de febrero, fue difundido un video en donde quedó grabado el momento en el que un juez del Estado de México decidió absolver al tío, responsable de la agresión, bajo el argumento de insuficiencia probatoria. La indignación de la madre no se hizo esperar e increpó al juez Manuel Alejandro Martínez por esta decisión. Bajo la presión y con poca sensibilidad, el juez no pudo convencer a la madre y a quienes lo escucharon, de que su decisión estaba sustentada en el contenido de la carpeta de investigación que realizó la Fiscalía del Estado de México y explotó la crisis.

El escándalo llegó hasta el pleno del Senado, donde, sin mayor tardanza, se aprobó un exhorto al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México para que el juez sea destituido de inmediato. La acción de los legisladores podría calificarse como precipitada si no fuera porque varias legisladoras, encabezadas por la senadora Josefina Vázquez Mota, han estado llamando la atención sobre el incremento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y su relación con la impunidad.

Tan sólo en noviembre del año pasado, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Inegi dio a conocer los terribles datos de denuncias de 2022 sobre abuso sexual y violaciones a niñas, niños y adolescentes, no sin antes advertir que, estos datos, sólo representan una parcialidad  del problema, porque la gran mayoría de éstos no se denuncian. De esta forma, resulta que, de abuso sexual, en el rango de 0 a 4 años, hubo mil 585 y 543 denuncias de casos de niñas y niños, respectivamente; de 5 a 9 años, la cifra se duplicó a tres mil 418 y mil 158 niñas y niños, respectivamente; en el rango de 10 a 14 años fueron siete mil 142 casos de niñas y mil 215 de niños y, finalmente, en el rango de 15 a  17 años: cuatro mil 312 y 555 niñas y niños, respectivamente. Para los casos de violación simple o equiparada los datos son peores, no tanto por el número, sino por el significado de la agresión, de 0 a 9 años: hubo mil 473 denuncias de agresión a niñas y 809 a niños; de 10 a 17: seis mil 912 a niñas y  mil 404 a niños.

Es aquí donde es preciso preguntarnos ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Por un lado, crecen las agresiones de todo tipo contra la infancia y por el otro, crece la impunidad. A estas alturas, es obvia la falta de efectividad y eficiencia de las normas jurídicas existentes para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, toda vez que, nada detiene a los pederastas, actúan sin ningún rubor y sin ninguna pena.

Por otra parte, tampoco existe ninguna política pública desde el Poder Ejecutivo que ponga un acento especial a la niñez, por el contrario, el cierre de estancias infantiles y la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo abonan a este clima de violencia en contra esta población. Por si fuera poco, en el caso de agresiones sexuales contra la infancia, con base a los datos del sector salud, existen análisis  puntuales como el de la Red por los Derechos de la Niñez que demuestran que 75% de agresiones sucede en el propio hogar de los menores; que 18% son los abuelos, primos, hermanos y tíos los que los cometen y que, del total de víctimas, 92% son mujeres y no están a salvo ni los niños y niñas indígenas o con alguna discapacidad. Es decir, al igual que los feminicidas, los pederastas están ahí, en el mismo hogar que debería ser el lugar más seguro para los infantes.