Migración y derechos humanos

La fracción segunda del artículo 11 de nuestra Constitución dice: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales…”. Por ello tiene razón el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, en alzar la voz contra la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, tenemos que aceptar que el Proyecto de Nación 2018-2024 del entonces candidato se empezó a desdibujar en 2019, cuando, como Presidente, tuvo que practicar el ejercicio de gobierno.

De esta forma, las imágenes de esta semana de los integrantes de la Guardia Nacional conteniendo y agrediendo a los migrantes hondureños, quedarán en la historia como una contradicción de la Cuarta Transformación en el discurso de una supuesta izquierda defensora de los derechos humanos.

Para nadie es desconocido que la migración es un problema mundial. De acuerdo con la ONU, en 2018 se desplazaron 258 millones de personas en el planeta. En México, en junio de 2019, comenzó una nueva política de Estado para atender el problema: la política de contención. El gobierno mexicano puso en juego la migración de tránsito cuando el presidente Donald Trump amenazó con incrementar los aranceles. La condición de los derechos humanos de los migrantes que cruzan nuestras fronteras, como en ninguna otra administración, fue puesta al servicio de los Estados Unidos. En ese mismo mes fueron desplegados 25 mil integrantes de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener a los migrantes en lugar de estar garantizando la seguridad ciudadana, en especial, en zonas donde las masacres ya no son entre bandas delictivas, sino contra los indígenas o las personas pobres, como los de la sierra y montaña de Guerrero.

Sin datos actuales que reporte el Instituto Nacional de Migración en su página de internet, tenemos que remitirnos a lo poco que hay: en  2018 fueron presentados 121 mil 528 migrantes y 107 mil 819 de ellos fueron devueltos a su país de origen; en 2019, entre enero y junio, 99 mil 203 fueron presentados y 71 mil 100 devueltos. Si la cifra de 2019 subió un 30%, entre julio y diciembre, es evidente que se rebasó la cifra de 2018. La política de migración, fuera de los discursos, es contener y devolver migrantes. Tan sólo en noviembre pasado, la Unicef advirtió sobre las condiciones de los niños migrantes varados en las zonas fronterizas. Una cifra es contundente: entre enero y agosto de 2019, más de 32 mil niños fueron devueltos de Estados Unidos y México a el Salvador, Guatemala y Honduras.

Lamentablemente, frente a las arbitrariedades contra migrantes, la titular de la CNDH guarda un doloroso silencio. Los derechos humanos de los migrantes no son para ahora, sino para otros tiempos.

Frente a esa crisis de migración que se pronosticaba —por los problemas económicos y de inseguridad en Centroamérica—, el gobierno de México se comprometió a invertir 30 millones de dólares en Honduras para aplicar un programa de empleo que no puede impulsar en su propio territorio. La caravana que fue contenida por la Guardia Nacional era de hondureños que no encuentran mejores condiciones laborales en su país al igual que los migrantes mexicanos que se van o permanecen en Estados Unidos.

Pocas personas quieren desplazarse de su barrio, colonia o país. Sin embargo, cuando las condiciones económicas o de inseguridad son el problema, no hay otro camino. Hay que dejar atrás amigos, familia y poco a poco la identidad y la pertenencia social. Lamentablemente, la política migratoria que implementa el gobierno mexicano puede ser usada políticamente, por unos y otros. De ahí deriva que se juegue con la teoría de la conspiración afirmando que hay grupos que promueven los desplazamientos y las acciones de los migrantes, lo cierto es que el propio Presidente prometió empleo para estas personas que, al igual que la población más pobre de México, buscan una oportunidad de vida. Pero dejar las promesas de lado y hundirse en ese mar complejo que implica ejercer el poder reveló el abismo entre una buena arenga del candidato para señalar a los adversarios y un buen plan del Presidente para ejecutar acciones eficientes y eficaces y lograr la paz y el desarrollo de la nación.