La operación fue sorpresiva para la opinión pública, pero fue la crónica de una intervención anunciada. Nicolás Maduro llevaba varias semanas tensando la cuerda. Retaba al presidente de EU, Donald Trump, quien —fiel a su estilo— le tomó la palabra y fue por él. El mensaje al resto del mundo es brutal: la soberanía es una protección contra la injerencia, sólo mientras no estorbe a quien tiene la fuerza —económica, política o militar— para pisotearla. Rusia lo hizo con Ucrania; ahora Washington lo hace con Venezuela.
Pero Maduro no es Volodímir Zelenski, quien es reconocido como un gobernante legítimo y respaldado por diversas democracias del mundo. Maduro, en cambio, se aferró a ejercer un poder que perdió en la última elección, cuando pretendió reelegirse; en ese contexto, aunque varios gobernantes del mundo condenen la violación al derecho internacional que implica extraer por la fuerza a un jefe de Estado, a muy pocos se les quitará el sueño por la suerte personal del dictador, y por el centenar de muertos que costó su captura. Y ahí está la primera trampa: confundir el repudio al personaje y sus presuntas acciones criminales, con la normalización del método para hacer justicia.
Dicho eso, conviene no caer en la “justificación moral”. Que un régimen sea autoritario no vuelve legítimo cualquier mecanismo para removerlo. La escena —un presidente sacado del poder y trasladado a Nueva York— abre un precedente inquietante: hoy fue Caracas, mañana puede ser otro, y sobre aviso no hay engaño. Celebrar la caída de un tirano puede ser emocionalmente comprensible; convertir el procedimiento en norma, es políticamente suicida.
Además, a la vista de los acontecimientos posteriores a la intervención, ésta no parece que fue motivada por un interés genuino de restablecer la democracia en Venezuela. Si ese fuera el objetivo, el reconocimiento inmediato tendría que apuntar a Edmundo González, a quien amplios sectores opositores y observadores internacionales consideran ganador en la elección de julio de 2024. En cambio, la interlocución se ha volcado hacia Delcy Rodríguez como figura de “transición”: un relevo que, por diseño, preserva buena parte del aparato político y de seguridad que sostuvo al madurismo. Cambiar el rostro sin tocar el sistema no es transición: es administración del daño y sometimiento.
Frente a este escenario, México enfrenta un dilema delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum —como antes Andrés Manuel López Obrador— cultiva la cercanía con gobiernos que se nombran de izquierda como el suyo. Pero esa afinidad ideológica no puede ser coartada para tolerar y hasta apoyar gobiernos tiranos. Ser de izquierda no es sinónimo de saltarse la ley o utilizar el erario para apoyar a ningún gobernante de otro país, por mucha afinidad política que exista, eso también es intervencionismo; y, si se cree en el derecho de los pueblos a decidir, la primera obligación ética es no relativizar la represión política ni el fraude electoral cuando los comete “el bando propio”.
Hoy, la presidenta Sheinbaum fijó postura en defensa de la soberanía nacional frente a la intervención estadunidense en Venezuela —no lo hizo con Rusia contra Ucrania—. Se vale. Lo que no es sostenible es construir una política exterior de principios y una política interior de conveniencias. Un buen gobierno no puede condenar el atropello en el extranjero mientras ensaya prácticas para someter adversarios, debilitar contrapesos o desaparecer a la oposición por la vía de reglas hechas a modo. Con popularidad y mayoría se gobierna; con reformas ad hoc se captura al sistema político. Y eso es lo que quiere hacer la presidenta Sheinbaum y su partido de Morena con su reforma electoral.
De cara a la relación con Estados Unidos —y a los amagos constantes del presidente Trump—, el objetivo estratégico de México debería ser otro: maximizar su margen de negociación con unidad interna y claridad de rumbo. Eso exige una convocatoria amplia a las fuerzas políticas y una agenda mínima compartida: defensa del interés nacional, respeto al Estado de derecho y protección de la democracia. Pero eso es lo que no hará la Presidenta, porque esa no es la agenda de la cuarta transformación.