Las reformas de la venganza presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se confió a sólo convocar ilegalmente a votar por los candidatos de su partido para alcanzar la anhelada mayoría calificada de diputados y senadores en la siguiente legislatura del Congreso (que tuvo y no aprovechó durante su primer trienio de gobierno) para reformar la Constitución. Para lograr ese objetivo, el 5 de febrero, Día de la Constitución, paradójicamente, presentó 20 iniciativas que serán convertidas en bandera electoral de Claudia Sheinbaum y todos los candidatos a diputados federales, senadores y congresistas locales. Al Presidente se le acabó el tiempo de su gobierno, pero no se le acaban las ganas de imponer un nuevo régimen político autoritario militarizado, sin contrapeso al Poder Ejecutivo y sin rendición de cuentas.

Se equivocan quienes piensan que la intención de Morena es construir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas que integran esta LXV Legislatura para aprobar reformas a favor de los pensionados, de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, del combate a la inseguridad y la violencia o cualquier otro tema que beneficie a los ciudadanos. Las mesas de parlamento abierto que ya acordaron el Cámara de Diputados organizar institucionalmente en las 32 entidades federativas, sólo servirán para promocionar las iniciativas como propuestas presidenciales y reagrupar a sus posibles votantes alrededor de las y los candidatos al Poder Legislativo (y de otros cargos) de Morena y sus aliados.

El presidente López Obrador necesita que, quienes compiten por el poder político por parte de Morena y aliados, tengan un discurso uniforme con el suyo. De esta forma, sus seguidores van a identificar, claramente, por quién deben votar en el mes de junio y, quizás, con esto, logre su objetivo: tener esa mayoría calificada que le permitiría, en sus dos últimos meses de gobierno, imponer las reformas de la venganza contra el Poder judicial, los órganos autónomos, el INE, el Tribunal de Justicia Electoral, y los adversarios políticos. Esto puede ser posible toda vez que, la nueva legislatura entrará en funciones el 1º de septiembre y el Presidente terminará su cargo el día último de ese mismo mes. La experiencia nos dice que es suficiente un mes para que se pueda cumplir con todo el proceso para reformar la Constitución, es decir, aprobar la iniciativa de reforma en el Congreso,  obtener el “sí” de 17 Congresos locales y publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Con esta estrategia, el Presidente fortalece su papel de coordinador de la campaña presidencial y utiliza todos los medios institucionales para intervenir en el proceso electoral a favor, no sólo de su candidata a la Presidencia, sino también de la conformación del Poder Legislativo. Bajo el doble papel de titular del Poder Ejecutivo y coordinar de campaña, el Presidente tiene todo controlado. Así ha sido, no sólo durante el tiempo formal que establece la Constitución que ejercería la titularidad del Poder Ejecutivo, sino desde los últimos meses del sexenio pasado cuando el expresidente Peña Nieto, antes de terminar su periodo formal, se hizo a un lado y dejó que López Obrador comenzara a operar y tomar decisiones inmediatamente después de la elección. Eso no sucedía ni cuando el PRI era hegemónico y el Presidente ejercía poder metaconstitucional.

Contrario a esto, quien gane la elección presidencial tendrá que esperarse al último día del sexenio para comenzar a tomar las riendas  del poder, o quizás no. Porque si gana Claudia Sheinbaum, es poco probable que el Presidente se resigne a no seguir tomando las decisiones, pero, si gana Xóchitl Gálvez, tampoco renunciará a encabezar la rebelión, incluso, si tiene la mayoría calificada en el Congreso y la mayoría absoluta de los Congresos locales, muy probablemente, le gane la tentación de cambiar la Constitución para lograr cualquier cosa, hasta aquello que no queremos ni pensar: borrar de una vez por todas el régimen democrático.