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La despenalización del aborto en México

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

El 30 de diciembre, el Senado de la República Argentina aprobó la legalización de la suspensión del embarazo. A partir de esta acción, las mujeres de ese país y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo y requerir y acceder a la atención de los servicios del sistema de salud, tanto para realizarse el aborto como para recibir atención posaborto. Además, la ley establece el derecho al acceso a información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces. La histórica ley se aprueba después de 20 años de lucha de diversos colectivos feministas en Argentina.

Consultado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a esta ley en Argentina, señaló que en México es un tema que debe de consultarse. Contradictoriamente, un grupo de legisladoras de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, emitieron un comunicado en donde afirman que en la institución se habían promovido y realizado foros y parlamentos abiertos en más de 22 entidades y que, en este contexto, le decían al Presidente que contaban con avances para poder legislar la despenalización del aborto. Con los cambios legislativos indispensables pretenden que se evite la muerte por un aborto mal practicado cuando el Estado está en la disposición de garantizar a las mexicanas “la libertad, la gratuidad, la seguridad, el derecho a decidir y a no ser criminalizadas en el ejercicio de este derecho”. El documento abunda en su argumentación aduciendo que apoyan lo dicho por el propio Presidente porque el tema no es de iglesias ni Poderes, sino de mujeres y que ellas, como representantes de esas mujeres, trabajarían para que el aborto legal y seguro fuera ley en todo el país. Todo este discurso es muy congruente con la búsqueda de lograr leyes que garanticen la autonomía física de las mujeres y a decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados sólo hay tres iniciativas presentadas relacionadas con el tema para reformar la Constitución Política, pero no es para despenalizar, sino todo lo contrario. Dos de ellas fueron presentadas en el 2019 por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván y otra por su grupo parlamentario del PAN, las dos establecen garantizar el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación. La tercera iniciativa fue suscrita en el 2020 por otro diputado de la misma fracción parlamentaria: Fernando Torres Graciano, en el mismo contexto que las del 2019.

Cuando se aprobó la despenalización del aborto en la Ciudad de México, hace ya varios años, las controversias que se generaron no sólo fueron de opiniones, sino, también en términos jurídicos. Lo mismo sucedió en Oaxaca recientemente. Estos dos ejemplos nos sirven de experiencia para pensar que el tema no será agendado voluntariamente por los grupos parlamentarios en la agenda del Congreso de la Unión en el último periodo de la sexagésima cuarta Legislatura, porque, a diferencia de Irlanda, que despenalizó el aborto en 2018 mediante una consulta en donde el sí obtuvo 64% (a pesar de que el 78.3% de la población de ese país es católica), en México, el resultado podría ser contrario. Tan sólo recordemos que, como respuesta a la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 17 estados de la República reformaron sus códigos penales locales para proteger la vida desde la concepción y ampliar las penas contra las mujeres que deciden abortar y contra los médicos que las apoyen.

Es de esa forma que, la consulta que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es una trampa y sólo sirve para lavarse las manos, tal y como sucedió en su momento en el antiguo Distrito Federal, en donde, si bien es cierto, fueron los perredistas en la Asamblea Legislativa los que impulsaron el tema, también es cierto que se logró hasta la administración de Marcelo Ebrard. Cabe resaltar que, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX, desde el 2007 a agosto del 2020, se realizaron 227, 686 procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE) y, entre enero y agosto de 2020, 17,728 (15,171, 89%, mediante medicamento).

Con estas cifras queda demostrado que el problema es una realidad y que, en los estados de la República en donde no está despenalizado el aborto, las mujeres que deciden hacerlo, no sólo enfrentan el impacto sicológico y físico que eso conlleva, sino tienen que esconderse como delincuentes y arriesgar su propia vida al asistir a servicios médicos clandestinos o a métodos poco seguros para su salud.

 

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