Justicia para María Elena

El 24 de julio del 2022 fue publicada una importante reforma  a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me refiero a la fracción II del artículo 73, que establece que los sujetos obligados de los poderes Judiciales, Federal y de las entidades federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la información  de las “versiones públicas de todas las sentencias emitidas”. Esta reforma fue impulsada principalmente por las diputadas y senadoras de la LXIV Legislatura del Congreso, con la intención de transparentar el actuar de los funcionarios públicos relacionados con la procuración de justicia, muy particularmente, cuando se trata de violencia de género.

Parece un asunto menor, pero no lo es. Al transparentar el actuar de los juzgadores, se puede frenar cualquier decisión injusta, incluso, ilegal. Esto fue lo que sucedió en esta semana, con el caso de María Elena Ríos, la joven saxofonista que fue agredida con ácido sulfúrico en  2019. Resulta que el juez Teódulo Pacheco decidió, el 21 de enero, que el autor intelectual de tan ruin crimen, Juan Antonio Vera Carrizal, continuara en prisión, pero domiciliaria.

La denuncia pública, el apoyo de los medios de comunicación y de algunas organizaciones civiles, sirvió para que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se interesaran en el asunto, después de que han hecho oídos sordos a la petición de justicia de la joven violentada.

Posteriormente, una jueza local apeló y logró revertir el fallo de la prisión domiciliaria del agresor, entonces, la joven María Elena, dio a conocer su beneplácito, sin embargo, se notó el temor y el coraje en el tono de su voz ante las circunstancias en las que vive. No es para menos, es de conocimiento público que la impunidad que prevalece para juzgar (o no juzgar) los delitos de feminicidios, ha impactado en un crecimiento exponencial de casos en más de la mitad de los estados de la República (22 tienen declaración de alerta). Lejos están las distancias entre los datos del total de feminicidios ocurridos en el 2015 (412) contra los del 2022 (947). De igual forma, extraña y aterradoramente, han crecido otras estadísticas que apagan la vida de las mujeres: homicidios dolosos, homicidios culposos y desapariciones forzadas.

Afortunadamente, María Elena Ríos, al igual que Olimpia Coral Melo, recibieron la solidaridad y apoyo del Poder Legislativo; las dos han sido escuchadas por las y los legisladores y eso, bien que mal, ha servido para que sus casos no queden impunes y, para retomar sus experiencias y hacer cambios al marco legal para garantizar la seguridad de otras jóvenes mujeres. Recordemos que fue en el mismo periodo de la LXIV Legislatura que se aprobó la llamada Ley Olimpia, que consistió en tipificar la violencia digital contra las mujeres (después de las agresiones que sufrió Coral Melo).

La lucha contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres en diferentes esferas de la vida, tanto pública como privada, ha sido larga y llena de dolor, pero, en estos dos casos, vale la pena reconocer que tanto María Elena como Olimpia Coral, se han convertido en iconos de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, principalmente de las jóvenes. Ahora falta la actuación de otros actores públicos, por ejemplo, el papel de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), la ministra Norma Lucia Piña Hernández, quien fue responsable de la Comisión de Igualdad de Género al interior de esa institución y, por lo tanto, sabe que, posiblemente, ella representa la piedra angular del combate a la impunidad en la procuración de justicia en los casos de feminicidios, porque garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres implica ir más allá de una conferencia mañanera. Implica, en primer lugar, empatía con los derechos de las mujeres y, en segundo lugar, inteligencia para construir grandes acuerdos para sumar voluntades para frenar éste y otros problemas, y esas dos virtudes las tiene la ministra presidenta.