Es el gobierno
Los gobernantes no sólo son responsables por acción, sino también por omisión, por negligencia, por indolencia y hasta por complicidad.
Algunos líderes morenistas se desgarraron las vestiduras contra Oliver Frouville, presidente del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, quien abrió un procedimiento para analizar esta situación. El funcionario sólo estaba actuando en consecuencia, porque en México hay más de 125 mil desapariciones denunciadas, y porque, entre otras cosas, desde el 31 de mayo del 2014, el Comité había recibido el informe conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, H.I.J.O.S. México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Comité 68, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Nacidos en la Tempestad, etcétera.
También, en 2016, durante un debate en el Festival de Films y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) realizado en Ginebra, Suiza, el entonces fiscal general en la Corte de Apelaciones de Palermo, Roberto Scarpinato, propuso que la ONU creara “un Tribunal Penal Internacional ad hoc que atienda exclusivamente la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa México. detalló que el tribunal debería atender “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México” como “genocidios, masacres, violaciones masivas”, así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales” (Proceso, 14/03/25).
En ese entonces, ningún morenista alzó la voz en contra del informe o del zar antimafia de Italia, por el contrario, lo más seguro es que hayan coincidido con estas declaraciones. Pero hoy, cuando la cifra de desaparecidos alcanzó más de 124 mil, no están de acuerdo con las acciones de Frouville, y, en el colmo del autoritarismo, pidieron que el funcionario fuera destituido. Lamentablemente, a pesar de las evidencias, la misma presidenta Claudia Sheinbaum sigue negando la crisis de las desapariciones forzadas, aunque ahora sus declaraciones han sido matizadas con una negación a que éstas sean realizadas por “el Estado”. Esta posición de gobierno no es nueva, el expresidente López Obrador reconoció sólo las desapariciones forzadas de los sexenios anteriores al suyo. Incluso, en octubre de 2021, creó la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990”. La petición fue realizada por colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares de ese periodo. Así, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), integrado por cinco investigadores, entregó un informe el 31 de mayo de 2024, titulado: Fue el Estado: 1965-1990. En contraste con la cifra oficial de mil 500 víctimas de la guerra sucia, el MEH documentó ocho mil 594 víctimas de 11 violaciones graves a los derechos humanos, pero, denunciaron “que las FA y de seguridad continúan ocultando información crucial, con el respaldo del Presidente.”
Entonces, si consideramos el concepto Estado como fue identificado en el informe, tal vez, tiene razón la Presidenta, no es el Estado, pero ¿cómo podemos saberlo si no hay información verídica derivada de una investigación seria al respecto? Por otra parte, no deberían confundirse los conceptos Estado y gobierno. La guerra sucia fue perpetrada por estrategia de gobierno, pero tolerada o desconocida por líderes de sectores sociales, religiosos, políticos y económicos que, en muchos casos, justificaban la represión como parte de la preservación del régimen político. Sin embargo, “el gobierno” se refiere a quienes fueron votados para ejercer los cargos públicos y hacerse responsables de garantizar los derechos y libertades de los gobernados. En ese contexto, los gobernantes no sólo son responsables por acción, sino también por omisión, por negligencia, por indolencia y hasta por complicidad. En la ONU, el gobierno que la Presidenta encabeza tiene que rendir cuentas sobre las desapariciones forzadas sin importar si son perpetradas por las fuerzas de seguridad pública, por las FA o por los criminales en complicidad con los gobernantes.