El juicio político como amago

Si usted fue una de las personas que percibió que hizo más calor esta semana, no lo atribuya sólo a que se rompió el récord de mayor temperatura desde 1998 (Observatorio Meteorológico de Tacubaya). La confrontación política subió de tono, pero no entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, que, hasta cierto punto, sería normal por la campaña. Lo que verdaderamente calentó el ambiente político fue el amago del exministro Arturo Zaldívar y su partido de Morena de iniciar el proceso de juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña. Ante la amenaza, el bloque opositor del PAN, PRI y PRD, respondió que también harían lo propio en contra del exministro.

El tema no es menor, el juicio político es un mecanismo constitucional para fincar responsabilidad política por abuso de poder. Algunos de los motivos que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para iniciar el juicio político en contra de actores del ámbito federal, son el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio y la usurpación de atribuciones.

Tal y como se observa, bajo estos motivos, hasta estas fechas, es  poco probable que se pueda demostrar que hay elementos para iniciar el juicio político al exministro o a la ministra, sin embargo, si quisieran proceder, el bloque conformado por Morena y sus aliados, son los que podrían lograr la procedencia en contra de la presidenta Norma Piña, no así, el bloque opositor en contra del exministro Zaldívar, porque el juicio político inicia con la declaratoria de procedencia en la Cámara baja, con una votación de mayoría absoluta (50% más 1), y concluye con la declaratoria del Senado que se erige como jurado de sentencia. Tal vez los senadores de Morena y sus aliados no logren la mayoría calificada, sin embargo, el daño estaría hecho en contra del Poder Judicial y, muy concretamente, en contra de la ministra Norma Piña, quien, por defender la independencia del Poder Judicial ha enfrentado una feroz campaña de desprestigio encabezada por el mismísimo Presidente de la República y secundada por actores, como el exministro Zaldívar.

Precisamente, lo que detonó el enojo del exministro Zaldívar en contra de la actual presidenta de la SCJN fue el hecho de que se filtró la información sobre una posible investigación en su contra y la de varios integrantes del Poder Judicial durante su presidencia, a partir de una denuncia anónima ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros.

Cabe mencionar, que ante la reacción del exministro Zaldívar, el CJF emitió un comunicado en donde informa que, a partir de las reformas legales de 2020 (cuando era presidente Zaldívar) “se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones (…)”. De esta forma, en el mismo comunicado de la CJF se menciona que la Unidad de Responsabilidades Administrativas notificó al máximo tribunal y será éste el que resolverá lo conducente.

Aún no se sabe cómo concluirá este caso, pero, si consideramos el contenido del documento filtrado, la denuncia plantea pruebas claves que servirían como ruta de las indagatorias, algunas de éstas son: testimonios de diversos personajes involucrados en los señalamientos, la petición de revisión de determinados expedientes, el seguimiento de determinadas declaraciones patrimoniales y cuentas bancarias, expedientes laborales de vinculados, entre otras.

En ese contexto, y hablando de juicio político, hasta este momento, no se conocen los elementos con los que se fundamenta la petición contra la presidenta Norma Piña, pero, con base en la investigación, tal vez, el juicio político sí podría ser procedente en contra de varios actores señalados en la denuncia anónima.